Las medidas «totalmente necesarias» que se han tomado para frenar la propagación del coronavirus impactan directamente en la economía: «se desacelera rápidamente». Como consecuencia, Balears puede perder más de 3.200 millones, es decir, que la economía de las Islas dejaría de generar riqueza por ese valor. Así lo explicó ayer el presidente del Consell Econòmic i Social (CES) de Balears, Carles Manera, a raíz de un informe que ha elaborado la entidad para evaluar el impacto económico del coronavirus.
El estudio contempla tres posibles escenarios, en función del período de afectación del estado de alarma, que van desde uno más optimista hasta uno más negativo, y que comprende una franja de entre el 31 de mayo y el 30 de junio. Por tanto, la caída del Producto Interior Bruto (PIB) de este año se situaría entre el -5,8 % y el -11 %, lo que se traduce en una pérdida económica que oscilaría entre los 1.702,8 millones y los 3.231,1 millones de euros.
En caso de que se cumpliera el escenario más pesimista, la caída de la economía balear triplicaría la de 2009, en plena crisis económica, que fue del 3,9 %. «Esta reducción del PIB no tiene precedentes en la historia reciente de las Islas», advierte el CES.
Incertidumbre
El estudio reconoce que la situación actual en que se encuentran las Islas «representa un cambio estructural que rompe todos los supuestos y dificulta las estimaciones futuras que se puedan realizar». Además, existe «la incertidumbre relacionada con la duración de este nuevo estatus».
Lo que sí constata el CES es que la celeridad y el alcance de las consecuencias de esta crisis «son excepcionales». Así, apunta ya a algunos de sus «efectos inmediatos», como son la caída temporal de la producción, la contracción de la demanda interna y externa, la reducción de la renta disponible de los hogares y la desconfianza generada.
Por sectores y como se aprecia en el gráfico adjunto, la reducción de la producción de la hostelería será la más elevada en los tres escenarios estudiados. Si se tiene en cuenta el supuesto más pesimista, según el cual se fija como fecha de normalización de la situación el 30 de junio, la caída de la actividad en el sector puede alcanzar en 90 % en abril. La hostelería está prácticamente paralizada y solo los establecimientos que sirven comida preparada a domicilio pueden permanecer abiertos. Comercio y transporte son los dos sectores con mayores descensos después de la hostelería. En ambos casos y en el peor escenario analizado, el descenso alcanza el 70 %.
Medidas
Manera insistió en la dificultad de realizar predicciones a medio y largo plazo y de la incertidumbre que rodea el momento actual. En cualquier caso, el informe aventura la probabilidad de que el bache actual sea temporal. Eso sí, advierte de que «sin la expansión de las medidas anunciadas, el riesgo de entrar en una recesión severa es muy evidente». Además, sostiene que «sin la acción coordinada de la Unión Europea, sin su apoyo, será muy difícil resolver la crisis».
El presidente del CES reconoció que hay que esperar a ver como se desarrollan las medidas anunciadas, además de estar atentos a que los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) no se conviertan en ERE, algo que dependerá de la evolución de la actividad, turística sobre todo, y sobre lo que «no se tiene aún ninguna noción».
Por otra parte, un estudio de la Fundació Impulsa publicado ayer determina que el cese de la actividad de los últimos quince días provoca un impacto directo negativo de 120,55 millones de euros sobre el PIB de Balears, «la mayor parte de los cuales serán irrecuperables en el transcurso del ejercicio dado el calado de esta interrupción en el ámbito de los servicios». Representa una pérdida del 0,4 % del PIB, «que se ampliará».
Frente a esta situación, el director técnico de la entidad, Antoni Riera, subrayó que, en el ámbito económico, las medidas adoptadas «deben minimizar el riesgo de afectación permanente del tejido productivo». Indicó que las restricciones de actividad «provocan un importante desajuste entre la facturación de las empresas y sus obligaciones laborales, financieras y tributarias que no tan solo crea tensiones a corto plazo, sino que compromete la capacidad de respuesta del tejido a medio y largo plazo».