La Comisión de Construcción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), que aglutina a más de una docena de organizaciones empresariales y empresas que vertebran el sector en las Islas, ha manifestado su “frontal oposición” al nuevo Decreto-Ley en materia urbanística señalando que “es la puntilla para la economía de miles de trabajadores y familias de Balears”.
El sector de la construcción señala que “con su aprobación, el Govern antepone los intereses partidistas a la emergencia de vivienda asequible y a la emergencia de reactivación económica que el propio Govern había fijado como prioridades en sus Decreto-Ley 3/2020 y 8/2020 aprobados hace muy pocos días”.
“La norma aprobada hoy no ayuda en ninguna de estas emergencias, sino que viene a imponer la ideología más radical de unos pocos por encima del interés general y de las necesidades reales de la mayoría de sus ciudadanos”, incide, destacando negativamente que “el Decreto-Ley se hace sin consenso y a espaldas del sector ya que hace apenas dos semanas el Govern convocó la Mesa de Vivienda y ocultó sus intenciones al respecto”.
Además, este acto genera una enorme decepción porque se esperaba que el Govern, hoy más que nunca, dirigiera los recursos públicos a proteger la salud y la economía de la gente, en peligro por los efectos del COVID-19. “Sin embargo, parece que nos gobierna una pequeña elite de políticos y funcionarios públicos que viven en otra realidad a la que los efectos de la pandemia no afectarán a sus ingresos ni a su bienestar personal inmediato y por esto se pueden permitir el lujo de prohibir y restringir la actividad económica de los demás ciudadanos. Recordemos que nuestro sector da trabajo a más de 100.000 familias en las Islas Baleares”, sostiene la Comisión de Construcción.
Falta de oportunidad: “Empeora la crisis desatada por el Covid-19”
El objetivo de este Decreto-Ley y la justificación de su urgencia según su exposición de motivos, es contener el crecimiento expansivo de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico, delante de una crisis sanitaria sin precedentes. Sin embargo, “resulta imposible establecer la relación de la urgencia sanitaria con los objetivos del Decreto a menos que la realidad en la que viven sus impulsores sea diferente de la de los ciudadanos a los que gobiernan”, explica el sector.
Desde luego, “es legítimo que los políticos intenten aplicar sus ideas a la acción de gobierno por vía parlamentaria, pero es una grave irresponsabilidad abusar de la vía de urgencia del Decreto-Ley para intereses partidistas cuando hoy debe ser una herramienta de urgencia para movilizar los recursos públicos destinados a resolver la crisis sanitaria y las consecuencias económicas de ella derivada. Y más en este momento cuando nuestro sector había asumido la responsabilidad de absorber parte de los trabajadores de otros sectores en situación de desempleo”, remarca el sector.
Agrava la emergencia de vivienda a precio asequible para el ciudadano balear
Es difícil comprender la obsesión de este Govern al crecimiento urbanístico legalmente previsto en las islas. Los partidos políticos que lo forman están en el gobierno de las islas desde el año 2015 (sin contar otros periodos anteriores de Govern progresista). En todo este tiempo no se ha producido ese temido crecimiento y muestra de ello es la falta de vivienda asequible que motivó la aprobación del Decreto 3/2020 hace escasos meses.
Sin duda, el Decreto 9/2020 contradice los objetivos propuestos por el mismo Govern en su anterior Decreto 3/2020. Desclasificar suelo urbanizable supone cercenar la posibilidad de crear vivienda a precio asequible y encarece todavía más el suelo urbano restante y por tanto el precio de la vivienda que se construya en el futuro, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes y de la clase media local.
A cambio, este Govern quiere enfocar la actividad urbanística y territorial hacia la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio urbano. Por desgracia, una vez más, nuestros gobernantes muestran su inexperiencia y falta de conocimiento a la hora de abordar los problemas de vivienda en las islas. La rehabilitación es un objetivo loable a medio y largo plazo, pero hoy en día es mucho más costoso que la obra nueva y la hace incompatible con la vivienda de precio asequible.
Con este Decreto-Ley, la responsabilidad de solucionar la emergencia de vivienda asequible pasa a recaer en exclusiva en el propio Govern y sus VPO con la paradoja de contar con un presupuesto menguado por las necesidades sanitarias y económicas. “Repetimos, un Govern alejado de la realidad de sus ciudadanos y de su propia situación económica”, recalca el sector.
Inseguridad jurídica, huida de la inversión, aumento del desempleo
Tenemos un ordenamiento urbanístico en todos los municipios de nuestras islas creado bajo un régimen democrático y por tanto con la misma legitimidad y legalidad que los que han decidido hoy revisar con carácter urgente.
Es por ello por lo que no entendemos esta forma de hacer política, improvisada y partidista, que supone un atropello no exento de posibles indemnizaciones que tendremos que pagar todos los ciudadanos de las islas baleares. Pero, aun siendo grave, no es lo peor. La inversión privada no será la gran perjudicada porque buscará destinos más seguros y fiables desde el punto de vista jurídico. Como siempre, los peores parados de este Decreto-Ley serán los más débiles: las empresas locales y sus trabajadores que verán reducida su actividad y menguada su estabilidad económica y social.
Restricciones en suelo rústico en Mallorca: no evita el impacto ambiental, pero si perjudica gravemente la actividad de empresas y trabajadores
Pasar de viviendas unifamiliares con un máximo de 500 m2 a 300 m2 no parece que suponga una gran atenuante en cuanto al impacto ambiental que se persigue evitar, pero en cambio sí que agrava la precaria actividad económica reduciéndola en un 40 % para los maestros de obra y sus trabajadores, sin mencionar a empresas auxiliares del sector (instaladores, carpinteros, pintores…) que también verán recortada su labor.
Además, cabe resaltar el carácter discriminatorio de la norma dispensando un trato más restrictivo al suelo rústico en la isla de Mallorca afectando en especial a las empresas y trabajadores radicados en la Part Forana. Parece oportuno parafrasear y complementar el slogan ecologista inspirador de este Decreto: quien quiere Mallorca, no la destruye… pero también convendría que quisiera el bienestar de los mallorquines que la habitan.
“Improvisación y falta de diálogo y consenso”
En definitiva, hace hincapié el sector, “nos encontramos ante un Decreto-Ley aprobado sin diálogo, ni consenso y con improvisación que no sólo no responde a las necesidades acuciantes de los ciudadanos de las islas baleares a raíz del COVID-19 sino que por el contrario perjudica gravemente la actividad del sector de construcción que es el motor de la economía de las islas en estos momentos”.
Por ello, “Las consecuencias de esta norma, en un futuro muy próximo, pueden resultar letales no sólo para la continuidad de las empresas y para el empleo de sus trabajadores sino para nuestro estado del bienestar que está en peligro real de colapsar”.