Las compras de material sanitario de forma irregular han forzado al Govern a revisar de oficio más de 102.577 entregas de medicamentos y otros productos a hospitales de las Islas en el último año. Se trata de un procedimiento endémico en la administración en la que son los propios gerentes de los centros quienes contratan verbalmente productos que no les llegan a través de las compras centralizadas y llevadas a cabo con todas las garantías. El último de estos procedimientos extraordinarios fue iniciado por el subdirector de Compras del Servei de Salut el pasado 20 de febrero y afectaba a más de 580 proveedores. Este paquete sigue a otros tres del año pasado y supone una práctica común que, aunque se ha reducido en los últimos años, tiene serias advertencias tanto por parte del Consell Consultiu como de la Sindicatura de Comptes.
De hecho, aunque el primer organismo informa de forma habitual a favor de estas revisiones de oficio, en su último dictamen sobre las regularizaciones advierte que estas prácticas «suponen un incumplimiento generalizado que puede ocasionar responsabilidades administrativas, contables y, en último lugar, penales».
El control sobre la efectiva entrega de esos bienes corresponde a otros órganos administrativos, como la intervención de la Comunitat, de manera que el Consultiu se limita a constatar que que no existió un procedimiento de contratación regular y sobre la falta de crédito adecuado y suficiente, «sin entrar a valorar expresamente otras circunstancias concretas sobre la capacidad del contratista, la infracción del derecho de libre concurrencia e igualdad y la infracción de la legislación presupuestaria, de estabilidad y de sostenibilidad financiera». Sin embargo, esta no es una postura unánime dentro del organismo consultivo. Todos los dictámenes que tienen que ver con la regularización de estos contratos verbales llevan votos particulares de los consejeros conservadores que consideran que se trata de una práctica que se ha generalizado y que, este debería ser un recurso excepcional, con una vía habitual para la adquisición de material para el IB-Salut.
Déficit estructural
El informe del Consultiu llama también la atención de la existencia de un déficit estructural del gasto real respecto al presupuesto inicial del IB-Salut cada ejercicio, «que condiciona la viabilidad de los procesos de contratación necesarios». Los consejeros mayoritarios asumen la existencia de una «clara voluntad de evitar y reducir al límite posible la contratación irregular». A la vez, señala que la solución a este problema está en manos del Parlament a través de los presupuestos. La situación se remonta a años atrás y ya la Sindictura de Comptes alertaba hace cuatro años de que se empleaba este mecanismo de contratación de forma excesiva.
Los contratos verbales no pueden ser abonados de forma directa por la Administración ya que no son legales y, además, estos no tienen crédito asignado. Así, el procedimiento para arreglarlos y desbloquear los pagos pasa por anularlos. El Consultiu recomienda otras fórmulas legales. Además, estos procedimientos se tramitan de forma urgente para poder pagar dentro de los plazos previstos para saldar cuentas con proveedores. Durante la vigencia del estado de alarma se permitieron fórmulas para llevar a cabo compras por procedimientos más laxos que también tendrán que ser luego regularizados. Sin embargo, todo este paquete se refiere a adquisiciones llevadas a cabo durante la ‘vieja normalidad'.
Contratos de telefonía, cafetería o de limpieza por procedimientos irregulares
La Administración no ha tenido sólo que legalizar y vestir contratos más pequeños de suministros. El procedimiento de nulidad se ha tenido que emplear para otros más urgentes como una adjudicación de telefonía fija y móvil, para la limpieza de centros del Llevant de Mallorca, para cafeterías o el servicio de Hemodinámica.