El retraso casi histórico que sufren los constructores para obtener una licencia de obra por parte de los ayuntamientos de las Islas provoca que estén paralizados entorno a 2.500 millones de inversión. Esta cifra la desvelaron ayer los directivos de la Asociación de Constructores de Balears en su reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol; y el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons.
La presidenta de la patronal, Fanny Alba, recordó que el retraso en la tramitación de licencias se sitúa en una media de 18 meses, «cuando la ley estipula que las administraciones no pueden exceder un plazo de tres meses para pronunciarse». En su opinión, cumplir con esta norma «serviría para estimular una actividad lastrada por una maraña de requisitos impuestos por múltiples administraciones que entorpecen el normal desarrollo del sector y su capacidad de ser útil a la sociedad». Calificó, asimismo, esta situación de «incomprensible» y advirtió de que «hace peligrar 25.000 empleos».
Esta cuestión fue solo una de las que se trataron en el encuentro de este lunes, pues los constructores reclamaron medidas para poder convertirse en el motor de la recuperación económica en las Islas. «Pedimos al Govern que no nos impidan sacar a Balears de la crisis», sentenció Alba.
Su receta es que «sin consumir ni un solo metro de suelo rústico, sino solamente con el normal desarrollo de nuestra actividad y anteponiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y el empleo de las más modernas técnicas y nuevos materiales, el sector de la construcción está en condiciones de ser el motor que tire de la economía y ayudar a remontar la difícil situación que padecen los ciudadanos de Balears». Para ello reclaman la tan demandada colaboración público-privada, de modo que todas las medidas y normas sean consultadas a priori con el sector privado con de objetivo de que sean consensuadas.
Alba reconoció que la actividad en el sector ya ha retrocedido un 10 % y que la construcción no ha logrado escapar de la recesión. Por este motivo, urgió al Govern a apoyar al sector. Consideró insuficiente permitir ampliar hoteles ya que «se deja en manos del sector privado la inversión» y denunció que la desclasificación de suelo del Decreto 9/2020 elimina la opción de construir vivienda asequible en un breve espacio de tiempo.