El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso del Govern balear contra la sentencia que anulaba la multa de 300.000 euros a Airbnb por publicitar viviendas del alquiler vacacional no inscritas en el registro de la Conselleria de Turismo.
En una providencia, la Sala ha considerado que el escrito del Govern no cumple con las exigencias para este tipo de recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa, porque «no combate los argumentos de la sentencia» respecto a una posible vulneración de la normativa europea.