La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha tildado este viernes de "efectista", "engañoso" y "desconectado de la realidad" el anuncio del Govern de expropiar 56 viviendas de bancos y sociedades inmobiliarias, porque "no alcanza para cubrir las necesidades, que superan las 15.000 viviendas en Balears y aumentan año tras año".
Así lo ha expresado la presidenta de CAEB, Carmen Planas, que en un comunicado ha afirmado que las políticas del Govern "son totalmente insuficientes para resolver el grave problema de vivienda que padecen de forma cada día más acuciante la inmensa mayoría de los ciudadanos".
Además, Planas ha criticado que el anuncio del conseller de Vivienda, Josep Marí, ha dado "apariencia de dar por hecho algo que, en realidad, solo se trata del inicio de lo que sin duda será un largo proceso administrativo y tardará tiempo en hacerse realidad".
En este sentido, Planas ha defendido que "sin el sector privado, el sector público no puede resolver el verdadero problema de falta de vivienda", y ha acusado al Govern de "anular" la iniciativa privada.
EFECTO DISUASORIO EN LOS PROMOTORES
En la misma línea, el vicepresidente de CAEB, Eduardo López, ha augurado que "la política de vivienda del Govern va a tener el efecto contrario" del deseado, "porque, ante la amenaza de ser expropiados forzosamente, los promotores no querrán invertir en sus proyectos si no tienen vendidas las viviendas de antemano, lo que limitará aún más la nueva oferta de vivienda y, sobre todo, el mercado de la vivienda asequible".
"Es absurdo que el Govern pretenda expropiar por la fuerza las viviendas nuevas que edifique un promotor, al que si no las ha vendido le considera también como 'gran tenedor', para devolvérselas siete años después como 'viviendas de segunda mano', obligándole por esta causa a afrontar de forma exclusiva el pago de impuestos como el IVA, inherente a la vivienda nueva pero no a la de segunda mano", ha razonado López.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Construcción de CAEB, Óscar Carreras, ha añadido que "con esta política no van a dejarse de seguir construyendo viviendas que están solo al alcance de las familias con rentas más altas, pero sí se obstaculiza la construcción de viviendas asequibles para la gran mayoría de la población".
Carreras ha advertido de que estas actuaciones "alejan a los inversores por la inseguridad jurídica", y ha señalado que "el mayor problema es que con estas políticas queda fulminada la garantía hipotecaria, método por el cual si un promotor no puede hacer frente a la inversión realizada el banco o el fondo puede recuperar la financiación insatisfecha quedándose con la promoción". "Si ahora el Govern le va a quitar las viviendas a los bancos o a los fondos nadie va a querer financiar los nuevos proyectos ante el temor a ser expropiados", ha dicho.
CONTRA LA INTERVENCIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO
Similarmente, el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, Hans Lenz, ha recordado que el Instituto Balear de la Vivienda tiene una lista de espera de más de 4.000 familias, por lo que considera que esta expropiación de 56 viviendas no arregla este problema "histórico".
"Además, el efecto mediático que trasladamos como comunidad con estas noticias es desastroso y no hace sino ahuyentar a los inversores por la inseguridad jurídica que se está pregonando a los cuatro vientos", ha protestado Lenz, que cree que "hay muchas otras posibilidades para mejorar el mercado de la vivienda de forma más eficiente".
Lenz ha añadido que "hay ejemplos constatables, como el de Berlín, que demuestran que la intervención en el mercado inmobiliario tiene efectos nefastos sobre todo por cuatro factores: la inversión se espanta, al estar los precios fijados no se invierte en los inmuebles, la oferta de alquiler se contrae y se traslada a la venta y los precios medios del alquiler suben".
AUMENTAR EDIFICABILIDAD PARA ABARATAR EL SUELO
Finalmente, el presidente de la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios, Antoni Gayà, ha recalcado que "el mercado inmobiliario es muy sensible y los efectos pueden ser desastrosos en el conjunto de la oferta". "Para que haya viviendas, aunque sean por iniciativa pública, tiene que haber promotores y ante la inseguridad jurídica que se manifiesta ningún promotor va a querer arriesgarse", ha apuntado.
Gayà ha argumentado que "el precio de una vivienda es la suma del valor del suelo, el coste de construcción y el pequeño margen para el promotor".
"El margen del promotor ya es muy pequeño, por lo que si queremos abaratar la vivienda es necesario o bajar el precio del suelo o el de los costes de construcción y esto último solo se consigue aumentando las edificabilidades y las densidades para que los costes puedan dividirse entre un mayor número de viviendas", ha incidido.