La ampliación del aeropuerto de Ibiza ya ha comenzado, con millones de euros movilizados para diseñar la transformación que permitirá al aeropuerto mover todavía más pasajeros. La puesta en marcha de esta maquinaria contrasta con la posición mantenida por las instituciones de la isla y con la movilización ciudadana del pasado domingo, cuando miles de personas salieron a las calles de Vila para expresar su rechazo al proyecto.
La prueba está en un expediente de contratación impulsado por Aena —el gestor aeroportuario que está controlado por el Gobierno en un 51 %— para contratar la asistencia técnica, dirección, control y gestión de las actuaciones del aeropuerto de Ibiza. El contrato tiene un valor estimado de 19,6 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de cinco años. Los pliegos se redactaron en octubre de 2025, el contrato se publicó en junio de 2026 y se pueden presentar ofertas hasta el 1 de octubre de 2026.
Los pliegos técnicos reconocen que Aena ya ha elaborado un Diseño Funcional para definir las actuaciones necesarias de adecuación del área terminal y del área de movimiento al tráfico futuro que deberá absorber el aeropuerto durante los próximos años. Todo ello se integrará en el denominado Proyecto Reforma Ibiza, concebido como la gran operación que servirá de paraguas para remodelar y ampliar las infraestructuras aeroportuarias de la isla.
El crecimiento de pasajeros ya está incorporado al proyecto
Además, la propia memoria justificativa vincula directamente esta operación al futuro Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 y recuerda que Aena prevé ejecutar durante ese periodo inversiones reguladas por unos 10.000 millones de euros, además de otros 3.000 millones en inversiones adicionales. En total, un paquete de cerca de 13.000 millones de euros. De esa gigantesca bolsa inversora, 500 millones corresponden al ámbito de actuaciones asociado al aeropuerto des Codolar.
La documentación interna incluso describe la magnitud física de lo que se prepara. Habla de «una reforma que ronda los 25.000 metros cuadrados, con al menos tres plantas, además de actuaciones en accesos y aparcamientos y unos 30.000 metros cuadrados de reforma de plataforma de aeronaves».
Y, por si quedaba alguna duda sobre el objetivo final, la propia memoria admite que la inversión está destinada a ampliar las infraestructuras aeroportuarias «para aumentar sustancialmente la capacidad del aeropuerto por encima de los más de nueve millones de pasajeros anuales que maneja actualmente». Los documentos de Aena describen así una infraestructura que se prepara para absorber más demanda, más vuelos y más viajeros.
La dimensión del proyecto ha quedado además incorporada al marco regulatorio estatal. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de septiembre el DORA III, que contempla una inversión de 229,7 millones de euros para el aeropuerto de Ibiza. El documento da cobertura al programa de actuaciones que incluye la ampliación de la terminal, un nuevo dique para vuelos no Schengen, el aumento de las puertas de embarque de 17 a 32, ocho nuevas pasarelas y actuaciones sobre la plataforma y el campo de vuelo. Así lo recoge la moción contra la macroampliación aprobada por el pleno del Consell d’Eivissa.
Oposición del Consell
La posición de la institución insular queda ahora expresamente fijada: Ibiza necesita inversiones para mejorar la seguridad, la calidad de los servicios, la comodidad de residentes y pasajeros y las condiciones de trabajo, pero no actuaciones destinadas a incrementar la capacidad operativa del aeropuerto. La moción reclama, por tanto, revisar el DORA III para que las inversiones se destinen a mejorar la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las instalaciones y exige que Aena no redacte, licite ni ejecute proyectos sin informar y mantener una interlocución efectiva con el Consell, el Govern, el Consell de Formentera y los ayuntamientos de la isla.
El acuerdo insular introduce además otro elemento de fondo: el estado actual de las instalaciones. La moción denuncia que desde hace meses trabajadores, empresas y usuarios vienen señalando averías continuadas en los lavabos, cabinas cerradas, desbordamientos y presencia de aguas residuales en el suelo. El Consell trasladó esta situación a la dirección del aeropuerto el 25 de agosto y reclamó una solución urgente. El documento considera que la reiteración de estas incidencias evidencia deficiencias estructurales de mantenimiento y saneamiento.
A esta situación se suma la cuestión del agua. La moción señala que el aeropuerto se abastece mediante captaciones subterráneas y dispone de una depuradora propia que ha sufrido episodios de sobrecarga, además de referirse a la preocupación trasladada por el Consell por los vertidos al torrente des Cirer. Por ello, reclama que antes de afrontar una ampliación de esta magnitud se resuelvan el abastecimiento, el saneamiento y la depuración. El acuerdo aprobado por el pleno insta también al Gobierno a incluir en el DORA III una planta desaladora propia para el aeropuerto, con el objetivo de garantizar su autonomía hídrica y reducir la presión sobre los acuíferos
Contestación social
La aprobación de esta moción se produce además apenas unos días después de la multitudinaria manifestación celebrada el pasado domingo por las calles de Ibiza contra el proyecto de Aena. La convocatoria de la Associació de Joves d’Eivissa reunió a unas 5.000 personas, según la cifra oficial ofrecida por la Delegación del Gobierno, que salieron a la calle para expresar su rechazo a una ampliación que los convocantes consideran incompatible con los límites territoriales y ambientales de la isla.
Más allá de la disparidad de cifras, la dimensión de la protesta convirtió la ampliación del aeropuerto en una de las principales controversias sociales y políticas de la isla. La marcha recorrió las calles de Vila hasta el parque Reina Sofía, donde se leyó un manifiesto en el que los convocantes reclamaron participar en las decisiones sobre el modelo turístico y rechazaron que el aeropuerto se convierta en una infraestructura destinada a incrementar la llegada de visitantes.
El propio presidente del Consell, Vicent Marí, recibió al día siguiente a representantes de las entidades convocantes y destacó la importancia de la movilización ciudadana. Marí sostuvo que ninguna administración de las islas apoya el proyecto de ampliación en los términos planteados y defendió la necesidad de «parar los pies» a Aena si pretende ir más allá de la modernización y mejora de las instalaciones.
La protesta y la moción del Consell dibujan así un escenario de creciente oposición institucional y social mientras Aena continúa avanzando en la planificación. La contradicción resulta especialmente evidente porque, mientras las administraciones insulares aplican medidas destinadas a contener la presión sobre las carreteras, el territorio, el agua y los servicios públicos, el proyecto aeroportuario se plantea sobre una previsión de crecimiento del tráfico aéreo durante los próximos años. La propia moción del Consell señala precisamente esta contradicción.
Aena sostiene que el proyecto no aumentará el número máximo de despegues y aterrizajes porque no contempla ampliar la pista. Sin embargo, la documentación de los expedientes describe actuaciones tanto en el lado tierra como en el lado aire y una transformación destinada a aumentar sustancialmente la capacidad funcional del aeropuerto. Según la información publicada sobre los expedientes, las actuaciones previstas permitirían atender un volumen superior a los nueve millones de pasajeros anuales.
Además, el contrato incluye la identificación de necesidades, la planificación de inversiones, la redacción de proyectos constructivos, la licitación de futuras obras, el control de costes, la supervisión técnica, la coordinación de riesgos y el acompañamiento de las actuaciones hasta su adjudicación y puesta en servicio.
En otras palabras, la maquinaria que convierte una ampliación en una realidad ya ha empezado y está funcionando. Lo hace mientras el Gobierno incorpora la inversión al DORA III, Aena licita los contratos necesarios para desarrollar los proyectos, el Consell reclama que se frene cualquier incremento de capacidad y miles de ciudadanos salen a la calle para reclamar que Ibiza no siga creciendo al ritmo que permitiría la transformación prevista para su principal puerta de entrada.
Sa illa no els importa una merda, es sous van per devant de tot.... quin fàstic!