La intención era que sus hijos, de 6 y 9 años, no le molestaran. Para ello les estuvo dando tranquilizantes durante meses. Lo hacía cuando convivían con él en su domicilio de Inca, ya que estaba separado de su mujer. El 11 de abril de 2017 se descubrió todo. Uno de los menores fue ingresado en el hospital, donde permaneció dos días, después de ingerir pastilla y media –15 miligramos– del fármaco.
Hace unos días, el acusado, de nacionalidad española, reconoció los hechos ante la jueza en un juzgado de lo Penal de Palma y aceptó la pena, a la que se llegó tras un pacto de conformidad, de un año y medio de prisión e indemnizar a los menores con 1.000 euros. Asimismo, pierde la patria potestad de ambos durante los próximos cinco años.
Bofetadas
El acusado, que ahora tiene fijada su residencia en Huelva, les propinaba bofetadas a sus hijos, una niña de 6 años y un niño de 9, para que se tomaran las pastillas. Lo cogió como costumbre para que no le molestaran. Y tal y como admitió, les daba Diazepam cuando los menores se encontraban a su cargo en su domicilio en Inca.
El 11 de abril de 2017, el imputado, de 42 años, se encontraba con su hijo en el coche y le hizo que se tragara un comprimido y medio del fármaco, 15 miligramos en total. Ese mismo día el menor sufrió una intoxicación con benzodiacepinas y tuvo que ser ingresado en el hospital de Inca, donde estuvo dos días. En ese momento la madre de los menores, que fue asistida por el abogado Octavio Couto, supo lo que su expareja hacía con los niños cuando convivían con él. A través de la pantalla, ya que declaró por videoconferencia, el hombre, que sufre de trastorno mental y esto fue apreciado como atenuante, como también las dilaciones indebidas, reconoció todos los hechos que la Fiscalía le imputaba.
El hombre aceptó un año y medio de prisión y el pago de 1.000 euros de indemnización a sus hijos. También pierde la patria potestad durante cinco años y no se podrá acercar a ambos a menos de 200 metros en el mismo periodo de tiempo –tres años en el caso de la niña–. Además, se le prohíbe portar armas durante 24 meses.
Inicialmente la Fiscalía solicitaba para el acusado, defendido por Joana María Pol, seis años de prisión por los delitos de maltrato habitual, lesiones y contra la salud pública.