Jaime Far se va. El director de la Oficina Anticorrupción deja el cargo al que accedió en 2018 y dice que lo hace por razones profesionales, si bien también añade que, en algunos momentos, se ha sentido solo. A partir de enero vuelve a la Agencia Tributaria, donde asumirá nuevos retos profesionales.
En el trasfondo de su marcha pesan los numerosos choques que ha mantenido con los partidos del Pacte, especialmente con el PSIB, muy crítico con alguna de sus actuaciones.
La marcha de Far pilló por sorpresa a los cargos políticos de las Islas, aunque el director llevaba meses insinuando su salida.
En su trabajo no solo no ha habido entendimiento con quienes le propusieron sino que en muchas ocasiones ha habido desencuentros y tensión. Algunas de las investigaciones que ha iniciado por su cuenta molestaron a los miembros del Pacte porque se arrojaba una sombra de duda sobre la gestión del Govern.
Molestó mucho el expediente abierto para investigar las compras urgentes de material en China cuando estalló la pandemia, investigación que se cerró sin acusaciones directas.
Tampoco gustó que Far pidiera al Govern la relación de todas las personas vacunadas en la Comunidad para determinar si algún alto cargo se había saltado su turno en el proceso abierto por salud.
En la lista de conflictos está el informe realizado por la Sindicatura de Comptes en el que se constaban irregularidades en la creación de la Oficina, tanto en materia de contratación como de personal. Este informe le obligó a comparecer en el Parlament a petición de los partidos que le eligieron y a punto estuvo de costarle la reprobació, a propuesta del PSIB, que finalmente rebajó el tono de su escrito.
Más dinero
El último desencuentro se produjo hace unas semanas, cuando la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, comunicó a Far que el año que viene no tendría más dinero para contratar personal investigador, como había pedido el propio director para ir ampliando las funciones de la Oficina.
El que fue el cargo público mejor pagado de la Comunidad abandona la institución y deja tras de sí un centenar de denuncias que ahora deberá investigar su equipo.
En el escrito dirigido al Parlament, Far defiende el papel de la Oficina Anticorrupción y reivindica el trabajo realizado estos años al frente del organismo. Asegura que ha creado una entidad «sólida» que se ha posicionado «de manera solvente» entre los organismos nacionales e internacionales dedicados a combatir la corrupción.
Señala, además, que se han adoptado medidas «ambiciosas» en el ámbito de la prevención de la corrupción con el fin de instaurar un cambio cultural «en favor de la honestidad, de la integridad y de la ética pública». Defiende la creación de una «potente» unidad de investigación de malas prácticas y cree que el proceso del «ciclo antifraude» en los fondos públicos que marca una directiva de la UE obligará a crear organismos similares a la Oficina donde no existan.