¿A qué edad empieza la juventud y cuándo termina? Podría parecer un pregunta propia de un debate filosófico? Pero no. Es una cuestión de la que, en próximas semanas, se ocupará el Parlament de Balears. No será el eje central de las discusiones pero, al menos, dos partidos (PP y PI concretamente) lo incluyen entre sus enmiendas a un proyecto de ley pendiente de votar por el pleno y que, esta semana, ha iniciado en la comisión que redactará el dictamen final su andadura parlamentaria: el proyecto de Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears.
Ese proyecto, para el que se han presentado centenares de enmiendas –en buena parte trabajadas por la organizaciones juveniles de los partidos– parte de la Conselleria d'Afers Socials i Esports –la que dirige Fina Santiago, de Més–, tiene el apoyo de todos los partidos del Govern y pretende reformar la que se aprobó en 2006 pero dándole un modelo de gestión transversal que evite compartimentos estancos. También adaptarlo a la situación actual –la exposición de motivos alude expresamente a «la crisis derivada de la COVID que ha contribuido a empeorar las expectativas de personas jóvenes de vivir de una manera independiente»– y dotar de mayor protagonismo a entidades como el Consell de la Joventut.
Según el texto del proyecto, esta ley será de aplicación a «los y las jóvenes» residentes en Baleares «con edades comprendidas entre los 16 y 30 años». El PI quiere atrasar la edad de la juventud hasta los 35 años. Según la diputada Lina Pons, por causas diversas cada vez se ha ido retrasando más el momento de la emancipación. La presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Lourdes Roca, consideró oportuno empezar a contar a partir de los 15. Y en ese sentido va una de las enmiendas que defenderá el PP.
Desde el Govern se indica que todo es debatible y se apunta a que el propio texto del proyecto de ley recoge que, para determinados programas y actuaciones «se podrán establecer otros límites en casos debidamente justificados». «No será eso lo que nos separe», añade el diputado de Més Josep Ferrà, que destaca otros aspectos sustanciales de la ley como que se dedicará un porcentaje mínimo del 15 por ciento del parque público de viviendas a jóvenes y un plan de emancipación transversal con medidas concretas.