El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, participó ayer, conjuntamente con la consellera catalana d'Acció Climàtica, Teresa Jordà; y la consellera valenciana de Transició Ecològica, Mireia Mollà, en la Cimera Mediterrània pel Medi Ambient i el Clima, celebrada en Barcelona con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Al finalizar la cumbre, los tres responsables firmaron una declaración que establece el compromiso de los gobiernos de Balears, Catalunya y Comunitat Valenciana para acelerar, mediante políticas transversales, la mitigación y la adaptación al cambio climático ante el contexto de emergencia, especialmente acusada en la cuenca mediterránea.
Entre las medidas concretas para mitigar los efectos de la emergencia climática en su área marina compartida, los tres territorios solicitarán al Gobierno español que limite la velocidad máxima de las embarcaciones que transitan por Corredor de Cetáceos del Mediterráneo, que cuenta con la declaración de Zona de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo.
De este modo, se apoya a la iniciativa impulsada por Ocean Care y otras organizaciones ecologistas con el objetivo de reducir las colisiones mortales con los cetáceos, el ruido submarino y las emisiones de dióxido de carbono.
Mir, Jordà y Mollà acordaron también acudir, con una única voz, a la Conferencia sobre los Océanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Lisboa entre el 27 de junio y el 1 de julio de este año. «Se trata de un escenario inmejorable para que los tres territorios puedan hacer visibles sus propuestas y reclamaciones», aseguró Mir.
Mir destacó como «muy positivo que uno de los compromisos de la declaración es el de sumar y compartir estrategias en la lucha contra el cambio climático porque consolida la visión que siempre hemos defendido desde Balears respecto a esta crisis: no se puede gestionar en solitario por parte de territorios pequeños e insulares como el nuestro».
En este sentido, insistió en reclamar «una mayor implicación del Estado, especialmente a la hora de garantizar la financiación de las actuaciones en el ámbito climático, y la necesidad de que atienda la especificidad y la singularidad del ecosistema mediterráneo».