El vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha reivindicado este miércoles, en la Conferencia Sectorial de Energía, que la reducción del consumo energético debe recaer fundamentalmente en los grandes consumidores, administraciones públicas y grandes empresas.
Yllanes ha defendido ésta y otras propuestas para que sean consideradas en el plan europeo 'Ahorrar gas para un invierno seguro'.
«Las administraciones, como grandes consumidoras que son, deben dar ejemplo y reducir el consumo energético. Debemos reducir nuestro consumo en el ámbito general, y los grandes consumidores privados deben dar el primer paso, y no debemos hacerlo sólo por un tema de ahorro o de eficiencia energética, sino también por un aspecto climático y que tiene que ver con la salud de la ciudadanía», ha defendido el vicepresidente balear.
Por otra parte, Baleares ha propuesto un IVA superreducido del 4 por ciento para instalaciones de autoconsumo de particulares, administraciones y entidades sin ánimo de lucro. «Si queremos que la ciudadanía responda a las peticiones públicas, debemos ponerle todas las facilidades», ha argumentado el conseller.
Además, Yllanes ha planteado ampliar el rango de actuación de los autoconsumos compartidos para que los excedentes generados puedan ser disfrutados por un mayor número de familias vulnerables. «Este rango actualmente es de 500 metros y creemos que debemos eliminar por ley esta limitación. Las Islas somos un territorio perfecto para poder ampliar esta distancia y poder así llegar a cuantas más familias mejor», ha dicho.
Asimismo, la Comunidad ha propuesto sustituir todas las luces de la administración pasando a bajo consumo de forma completa para 2025, y fijar para 2030 el objetivo de tener el certificado A de sus edificios. En este sentido, el director general, Pep Malagrava, ha indicado que quieren poner en marcha «incentivos para la gestión racional de la energía en los edificios de la Administración pública, incluyendo la contabilidad de los ahorros energéticos fruto de instalaciones de energías renovables».
Además, Malagrava ha indicado que los grandes consumidores, en todo el Estado, deberían tener un plan de gestión energética que incluya medidas de ahorro energético y que sea revisado anualmente por un organismo de control autorizado (OCA).
«Los edificios o unidades que dispongan de instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 70 kWt o una potencia eléctrica contratada superior a 100 kW en uno de los períodos tarifarios deben disponer de planes de gestión energética», ha dicho Malagrava. El plan de gestión energética tendría una vigencia máxima de cuatro años desde su registro.
También se ha pedido crear un registro administrativo de planes de gestión de eficiencia energética, de carácter público y gratuito, de carácter y competencia autonómica, en el que quede reflejada la información comunicada por las empresas obligadas a disponer de planes de gestión energética en sus edificios.