Los médicos y las enfermeras de las Islas, por la escasez de profesionales, son los únicos funcionarios que quedan exentos de acreditar el conocimiento de catalán para poder trabajar en Balears. La presidenta del Govern, Francina Armengol, apela a su propio interés por comunicarse con el paciente para defender que esta excepción no genera un problema lingüístico al chocar con los derechos del paciente. «Hay que entender que el personal sanitario tiene la voluntad específica de poderse comunicar adecuadamente en la lengua que habla su paciente», dijo en sus primeras declaraciones públicas sobre el reciente conflicto con sus socios del Govern, Més per Mallorca.
Armengol recordó el «esfuerzo enorme» de la Conselleria de Salut para hacer un plan de acogida a las personas que viven aquí sin el conocimiento del catalán al que, dijo, se presentaron mil personas. «También trabajamos con la dirección general de Política Lingüística para hacer más exámenes al año para acreditar las titulaciones de catalán óptimas que se piden en toda la función pública», añadió.
La estrategia del PSIB en este desencuentro con Més, motivado porque se ha dejado de exigir el conocimiento de la lengua propia en las categorías sanitarias con déficit de personal, es de momento la de fomentar el aprendizaje y uso de la lengua entre los profesionales, pero no recuperar el requisito de conocerla. «Ahora hablamos con los socios desde la normalidad y compartiendo la voluntad de hacer posible el uso social e institucional del catalán en nuestra comunidad», añadió.
Para contextualizar la situación, la presidenta Armengol recordó ayer que el proceso de estabilización de interinos para plazas sanitarias de difícil cobertura se está rigiendo por la Ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística que permite excepcionar las categorías deficitarias. Si bien hay que añadir que no es la misma normativa que siguen el resto de interinos a quienes se les da una moratoria de dos años para presentar la titulación, si no la tuvieran. El grueso del personal se acoge al decreto ley 6/2022 de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública.