Tras más de dos años de reivindicaciones en todas las islas, desde la plataforma sindical, han reclamado este martes la actualización de la indemnización por residencia como medida para captar y fidelizar profesionales públicos. Por ello, «venimos denunciando, a través de manifestaciones motorizadas, concentraciones y escenificaciones de modelos de infravivienda, las situaciones que soportan muchos de los empleados públicos en Baleares, donde la mayor parte de ellos pierde dinero por ir a trabajar cuando se trata de cubrir su destino en baleares», han explicado desde la plataforma sindical.
Unisep ha manifestado que debido «al incesante crecimiento demográfico de la comunidad reclama constantemente docentes, sanitarios, fuerzas de seguridad y otros servicios, que se ven obligados a desplazarse a destinos como Baleares, con alquileres desorbitados, falta de vivienda y una carestía de vida inasumible que supone que a iguales o similares retribuciones, los profesionales elijan otra provincia en la que prestar sus servicios, con la consiguiente repercusión en los servicios que recibe la población».
Por estos motivos, la plataforma ha manifestado esta petición a través de un comunicado a todos los partidos políticos, donde también han alertado de la situación, especialmente ahora que se acerca el verano y muchos de los empleados públicos no encuentran vivienda, no pueden costearlas o deben dejarlas, lo cual repercute en las prestaciones y servicios que reciben alumnos, pacientes y ciudadanos de las islas, además de aquellos que las visitan.
Prueba de ello son los casos derivados éstas últimas semanas «donde ANPE ha constatado como un docente de Menorca ha pasado unos días viviendo en un coche. Por otro lado, SIMEBAL ha advertido de la fuga constante de médicos, tal como está ocurriendo en el servicio oncológico de Can Misses. Los sindicatos sanitarios, SATSE y USAE, denuncian la escasez de profesionales que se trasladan a otros territorios más asequibles. Respecto a las fuerzas de seguridad, JUCIL alerta que guardias civiles viven en caravanas, y JUPOL vaticina que faltan efectivos para cubrir la plantilla ahora que se prevé un aumento de la criminalidad que conllevará el periodo estival. Sin olvidar que, el personal de la administración general de estado, evita venir a Baleares tal como relata CSIF».