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Prórroga de tres meses para gestionar el cierre de Anticorrupció

Residència se quedará con los expedientes que tramita y decidirá quién los resuelve

Tòfol Milan. | Pere Bota

| Palma |

El PP ha propuesto ampliar a seis meses el plazo de tres previsto para eliminar la Oficina Anticorrupció aunque no ha llegado a aclarar si eso supone aumentar su presupuesto. El responsable actual de la Oficina, Cristòfol Milan, se quejó hace unos días de que no tenía presupuesto ni para pagar nóminas. La supresión de esta oficina, que se creó en 2016, es el objetivo último de la Ley de Transparencia que tiene que aprobar el Parlament. Ayer finalizó el plazo para presentar las enmiendas. El diputado ‘popular', Mauricio Rovira, afirmó este lunes que la mayoría de enmiendas son técnicas o sirven para clarificar algunas cuestiones. Por ejemplo, la ampliación del plazo es para que se pueda realizar una «transición» sobre los registros de altos cargos, con sus declaraciones de bienes, y que ahora pasarán a ser custodiados por el Parlament.

Millones malversados

Sobre los expedientes con denuncias que investiga la Oficina, entre ellos, uno sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento de Campos en que aparece como investigado el actual director general d'Emergèncias del Govern, Sebastià Sureda, la ley fija que pasarán a la Inspección de Calidad y Servicios, que depende de la Conselleria de Presidència. Será este organismo quien luego los remita al organismo correspondiente.

«No puede ser que expedientes que afectan a miembros del Govern sean resueltos por parte del propio Govern, con sospechas más que fundamentadas de presunta corrupción». En su opinión, y así lo propone en una enmienda, estos expedientes debían quedar en custodia en el Parlament hasta que se constituya la oficina estatal, cuya creación está prevista por ley.

Desde Més, Maria Ramon, aseguró que la corrupción ha supuesto para Baleares «más de 240 millones de euros malversados, mientras la Oficina Anticorrupció cuesta aproximadamente 1,5 millones de euros al año», lo que supondría un coste por habitante de 196 frente a 1,23». El partido ecosoberanista sólo ve razones políticas para el cierre y dice que «el Partido Popular vuelve a la época más oscura de la corrupción».

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