Un jarro de agua fría es lo que recibieron este miércoles los representantes del Govern y de los consells insulares que se reunieron en Palma con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, para analizar la grave crisis migratoria que sufren las Islas en estos momentos. Pérez dejó claro que el Estado no ayudará al archipiélago si el Govern y el PP no aceptan sacar adelante la modificación de la Ley de Extranjería planteada por el Gobierno en julio y que se basa en la unificación de criterios en la atención de los menores extranjeros no acompañados y en la aceptación de que estos sean distribuidos entre todas las comunidades autónomas.
Tras la reunión, Pérez hizo uso del controvertido argumento de que 47 millones de españoles pueden perfectamente asumir estos traslados de menas entre comunidades porque, según precisó, el número no llega a 14.000. «Es ridículo hablar de invasión», añadió.
«No sé si estamos mejor o peor que antes», afirmó, por su parte, la consellera balear de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, tras el encuentro. Cirer ha dejado claro que la situación de los sistemas de protección de menores insulares es crítica en estos momentos por la saturación y la falta de recursos, tanto humanos como materiales. Y lamentó que el Gobierno pretenda imponer un modelo de atención que obligará a las Islas a acoger a menas procedentes de otras comunidades. Un argumento que no acepta el Gobierno, que considera que, con su modelo, cada comunidad pondrá sobre la mesa qué capacidad tiene de acogida y, superada esta y en función de unos criterios comunes, será el Estado el que intervenga.
Cirer denunció que la situación de los sistemas de acogida insulares, gestionados por los consells, es «límite» por «la falta de espacios, la falta de profesionales y la falta de recursos económicos». Y ha recriminado al secretario de Estado no ofrecer «respuestas de forma clara». La consellera recordó que, además, estos sistemas de protección se concibieron en su día para unos escenarios en los que los consells no tenían que hacerse cargo de estos menores llegados en pateras. Algo que ha provocado que, por ejemplo, el 54% de los menores tutelados por el Consell de Mallorca sean menas. «No estamos preparados», subrayó Catalina Cirer, «hay que hacer un replanteamiento».
Ibiza
La responsable de Asuntos Sociales en el Consell de Ibiza, Carolina Escandell, acudió al encuentro acompañada de la responsable de Juventud, Marilina Ribas. Tras la reunión, Escandell calificó de «decepcionante» lo sucedido. La consellera ibicenca se desplazó a Palma con la intención de transmitir al secretario de Estado de Infancia y Juventud una descripción «clara, transparente y realista» de la situación del servicio de protección de menores de Ibiza en estos momentos. Sin embargo, encontró enfrente «reproches políticos, mensajes vacíos y, lo que es más preocupante, la ausencia absoluta de propuesta alguna a corto o medio plazo para un centro de menores que actualmente se encuentra al 200% de su capacidad para extranjeros, ignorando absolutamente aquello que desde aquí los consells insulares le estábamos explicando».
Escandell negó la posibilidad de que Ibiza pueda asumir en estos momentos la gestión de menas procedentes de otras comunidades y dejó claro que el Gobierno central tiene que «hacer política migratoria y de fronteras para evitar que la ruta de Argelia se consolide de una manera más aguda y si posibilidad de vuelta atrás».
El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, denunció, por su parte, que el Gobierno central «ha abandonado a su suerte a los menores no acompañados que llegan a las islas en patera y a los consells insulares».
La situación de Formentera
Formentera es la isla más afectada por la crisis, pues recibe el 50% de la presión migratoria de toda Baleares. Esto ha provocado que prácticamente la mitad de los menas que han llegado al archipiélago este año estén tutelados por Formentera. «Esto, siendo solo el 1% de la población de las islas y el 1,6% del territorio de la comunidad», expresó Córdoba, «es muy significativo en lo referente a infraestructuras y a lo que podemos hacer y sin recibir los recursos que deberíamos recibir del Estado, que no está cumpliendo».
Córdoba también recordó que en 2023 Formentera atendió a 10 de estos menores y que, en lo que va de 2024, son ya 80. Y ha avanzado que es muy posible que en los próximos meses la cifra llegue a los 100. «Tenemos las competencias de menores merced a una ley de 1997, pero la situación ahora es muy diferente», advirtió el presidente formenterés, «a la de aquellos tiempos en que se firmaron las competencias». El Consell destina ahora servicios y recursos a esta atención a los menas «cuando el que tendría que hacerse cargo de aportar estos recursos es el Estado».
Córdoba afirmó que, de seguir así las cosas, Formentera no podrá seguir cumpliendo con esta obligación y ha asegurado que «el insolidario en este caso es el Gobierno de Pedro Sánchez, que no está cumpliendo con sus obligaciones y tampoco quiere ayudar». «Si en algún momento se provoca indefensión en los menores por falta de recursos o capacidad de las administraciones insulares que nos estamos encargando de ellos», ha añadido, «será responsabilidad del Estado por no poner medios y por no cumplir con su parte».
El presidente formenterés, finalmente, acusó al secretario de Estado de Infancia y Juventud de intentar silenciar a los consells pitiusos y al de Menorca, que no han podido participar en la rueda de prensa posterior al encuentro. En este sentido, Llorenç Córdoba ha comentado que «se ve que el secretario de Estado se ha cansado de que criticasen la actitud del Gobierno, ha tomado la palabra y ha dado por finalizada la rueda de prensa». Ante las quejas de los tres presidentes insulares, el servicio de prensa del Gobierno ha aceptado que pudieran intervenir pero «ya se habían marchado la mitad de los periodistas».
«Por mucho que intenten acallarnos al denunciar la gravedad de la situación que estamos viviendo en Formentera», concluyó Llorenç Córdoba, «no vamos a dejar de reivindicar lo que creemos que es justo, que hemos sobrepasado con creces nuestra capacidad de acogida y que necesitamos ayuda urgente del Estado para poder hacer frente a la crisis migratoria que vivimos y poder dar a estos menores unos servicios dignos».