El Govern tiene constancia de la existencia de un total de 461 inmuebles en Baleares que serían propiedad de grandes tenedores y estarían vacíos en la actualidad.
Así lo ha confirmado este miércoles el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.
Durante su primera intervención, el representante del Govern ha detallado que el plan de choque de vivienda, promovido por el Ejecutivo, habría servido para planificar 5.000 viviendas a «precios asequibles para residente». En este plan se incluye la Ley de Emergencia, las promociones públicas del Ibavi, el programa 'Construir per llogar' o el programa 'Lloguer Segur'.
Por otro lado, ha afirmado que se ha mejorado el ritmo de concesión de ayudas de rehabilitación energética de viviendas y edificios, puesto que de solo un millón de euros concedido se ha aumentado a más de 23 millones, con más de 5.600 viviendas que se han beneficiado de estas ayudas con fondos europeos.
También ha explicado los avances en la creación e implantación del Observatorio de la Vivienda de Baleares, que hará una encuesta para averiguar las necesidades de vivienda en Baleares y en el último trimestre del año se publicarán los datos en internet.
Este observatorio de servirá de datos de Ibestat y la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) para cifrar los precios reales de venta de los inmuebles y además dispondrá de otra serie de indicadores divididos por islas.
Otras de las actuaciones que tiene previsto desarrollar la Dirección General en las próximas fechas es la apertura de una nueva convocatoria de ayudas al alquiler, que en este caso se contemplará el alquiler de habitaciones.
Reynés también ha pedido una línea propia de financiación propia para compensar a los propietarios con inquilinos que se han acogido la suspensión de desahucios por estar en situación de vulnerabilidad, ya que la partida presupuestaria ya se habría agotado.
En cuanto al servicio de inspección, ha detallado que en 2024 se han tramitado un total de 155 sanciones por un importe de 636.000 euros, por diferentes conceptos en viviendas protegidas, grandes tenedores o por no depositar la fianza.
Igualmente, ha señalado que se pondrán en marcha la implantación de un registro de viviendas a precio limitado y otro de registradores de la propiedad inmobiliaria.
El responsable de vivienda ha mencionado algunas de las problemáticas habitacionales que afectan a Baleares, aunque ha reconocido que algunas son «comunes» al resto del Estado. Entre ellas ha citado un «fuerte» incremento poblacional derivado de la inmigración, la dificultad para acceder a la vivienda por parte los jóvenes, la dispersión inmobiliaria o un parque de vivienda «envejecido» y en el caso del apartado público «escaso».
De este modo, se ha fijado como objetivos la promoción de la construcción de vivienda a precios asequibles, la salida al mercado de las viviendas ya existentes, el impulso de la inspección turísticas, los avales y préstamos para acelerar la construcción o la agilización de los suelos urbanos.
En el turno de respuesta de los grupos parlamentarios, el diputado del PSIB Damià Borràs le ha reprochado los escasos efectos del programa 'Lloguer segur' y le ha preguntado por qué no se desarrolla el suelo urbanizable existente, por lo que le ha pedido que se establezcan plazos.
También le ha planteado por la posibilidad que tendrán los ayuntamientos para intervenir en la normativa que se prevé extender a los municipios de más de 10.000 habitantes con el decreto de proyectos residenciales estratégicos de Palma y si esto puede generar desequilibrios territoriales.
Por su parte del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha cuestionado que la política de vivienda del Govern lo «fíe todo» a la solución a construir más, depredar el territorio y permitir pelotazos urbanísticos".
Así, ha reivindicado la necesidad de impulsar medidas como por ejemplo la declaración de todo el archipiélago como zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler, la gravar fiscalmente las viviendas de no residentes, acabar con la construcción de chalés o la creación de una Oficina de Asesoramiento Ciudadano o de la Agencia Balear del Suelo, entre otros.
El diputado del Grupo Mixto Josep Castells ha cuestionado los datos facilitados por Reynés por lo que ha pedido datos transparentes y con rigor. Asimismo, ha criticado las cifras que contempla el Govern en sus programas de viviendas asequibles, ya que esto puede generar que se mantengan los precios.
La diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido la política de vivienda del Govern, con un desarrollo de la colaboración publico-privada y ha pedido saber los motivos por los que se bloquea la ley antiokupación propuesta por el PP en el Congreso.
,,y si el Gobierno saca una normativa, la cual, expecifica, que una vez acabado el contrato , l@s inquilin@s no tienen la obligación de abandonarla, pienso que no ayuda mucho, en fin, aumentará las viviendas vacias, sin más