El Consell d´Eivissa consideró ayer que la decisión del Govern de impedir que los amarres concedidos para uso particular en los puertos de gestión autonómica puedan utilizarse con fines lucrativos «demuestra con hechos que se actúa frente a la saturación».
El vicepresidente insular Mariano Juan afirmó que, en relación al alquiler de embarcaciones privadas, «no queremos el ‘Airbnb náutico’ del Gobierno de Sánchez. No se puede tener un discurso contra la supuesta saturación turística y a la vez convertir el mar en un hotel. Por eso apoyamos a Prohens contra esta iniciativa».
Según avanzó este viernes el Ejecutivo balear, la medida del Govern se adopta ante la entrada en vigor de la resolución estatal que permite a embarcaciones de recreo privadas cambiar temporalmente su uso a comercial. Con la resolución autonómica, se establece de forma clara que cualquier uso comercial de estos amarres supondrá una infracción grave y conllevará la apertura de un expediente sancionador y la caducidad inmediata de la autorización.
La valoración
Ramón van der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, celebró la decisión del Govern. «Estamos completamente de acuerdo porque esta medida estatal no la necesita nadie en Baleares y no va a beneficiar. Esperemos que con diálogo se llegue a un modelo distinto, por lo menos para Baleares. Es nuestro objetivo», afirmó el presidente.
Esta patronal también valoró de manera positiva que desde el Consell d´Eivissa se haya solicitado al Gobierno retirar la resolución que permite el alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas. La institución rechazó la medida y denunció que se ha adoptado sin dialogar con los territorios afectados y además supone «un retroceso grave» en la lucha contra la saturación turística en Ibiza.
«Es una medida incoherente y desleal con el esfuerzo que hacemos desde Ibiza de poner orden y garantizar la sostenibilidad», afirmó el presidente Vicent Marí.
«Realmente nadie en Baleares ve esto como una oportunidad», reiteró van der Hooft.
Desde el Govern afirmaron ayer que los amarres base en los puertos de gestión directa tienen la finalidad de mantener un equilibrio entre amarres sociales y amarres lucrativos. También insistieron en que la resolución estatal publicada en el BOE el 22 de julio no altera el marco jurídico autonómico, ni puede imponerse sobre las condiciones de uso establecidas en los títulos de ocupación de PortsIB. Por ello, se mantendrán los controles y la tutela sobre el uso de los amarres para garantizar que se destinan exclusivamente a la finalidad para la que fueron concedidos.
En paralelo, y con el objetivo de reforzar el control sobre los puertos autonómicos en régimen de gestión indirecta, PortsIB solicitó a las entidades concesionarias que presenten, en un plazo máximo de diez días, una propuesta provisional de reparto de amarres según su uso. Deberán diferenciarse claramente los destinados a embarcaciones de uso particular y los reservados a actividades profesionales, especificando en este caso si se trata de chárter náutico o transporte marítimo no regular.
Desde el Govern se insiste en que la resolución estatal publicada en el BOE el 22 de julio no altera el marco jurídico autonómico, ni puede imponerse sobre las condiciones de uso establecidas en los títulos de ocupación de PortsIB. Por ello, se mantendrán los controles y la tutela sobre el uso de los amarres para garantizar que se destinan exclusivamente a la finalidad para la que fueron concedidos.
La resolución será publicada en el BOIB y ya puede consultarse en la página web de Ports de les Illes Balears.
Llevanas de 10 años a sus anchas!! Jajajaj