El recurso del Govern balear ante el Supremo para que las Islas queden fuera del reparto entre comunidades de los más de 4.000 menores migrantes que esperan en Canarias –a Baleares le correspondería acogen 49– amenaza con frenar todo el proceso según la interpretación que hagan los tribunales (tanto el Supremo como el Constitucional) de la solicitud de medidas cautelares que reclamará el Ejecutivo autonómico.
Si este recurso bloquea o no todo el proceso es algo que ni siquiera tiene claro el Govern balear, si bien su portavoz y vicepresidente primero, Antoni Costa, aseguró que su intención no es esa sino evitar que se aplique en las Islas. Diferente es la interpretación que se hace en Canarias. La mayoría de informaciones del entorno del gobierno que preside Fernando Clavijo (de Coalición Canaria, que gobierna con el PP) van en sentido contrario y expresan su alarma y críticas a la «insolidaria» posición de Baleares.
Así lo indicó este viernes en Tenerife el viceconsejero del Gobierno canario, Octavio Caraballo, que –además– se mostró irritado por algo que se da por hecho: que Baleares se ha convertido en la «principal fuente de entrada a Europa de los flujos migratorios». «Baleares parte de una premisa que, además, es falsa. pues los datos son incontestables. Ellos han recibido 5.000 migrantes en 2025, y nosotros hemos superado la barrera de los 12.000. Ellos cuentan con 680 menores, y nosotros con más de 5.500», puntulizó Caraballo quien añadió «no veo que haya muchos problemas logísticos para acoger 49 menores».
Antoni Costa intentó enviar un mensaje tranquilizador y poner el foco de las críticas no en el Ejecutivo de Canarias sino en el Gobierno de España.
Según Costa, la intención del Govern no es paralizar el reparto en todas las comunidades sino sólo en Baleares porque «la situación en la que vivirán aquí no es una situación digna» y que van a esperar a ver cómo se redacta la orden que el Gobierno tiene que aprobar para plantear las medidas cautelares que se reclamarán en el recurso. «En función de cómo lo saquen, cómo esté redactado, el Govern y la Abogacía actuarán», dijo. Y afirmó que comprendía las declaraciones críticas que llegan desde Canarias pues «comprendemos bien su situación dramática» y que «en absoluto reclamamos la suspensión genérica del acuerdo»
A quien sí respondió Costa de forma rotunda fue a la ministra de Juventud e Infancia Sara Riego, que se refirió a la presidenta Prohens como racista».
«Sorprende que el Gobierno y una ministra que no se está preocupando nada de la situación de los menores migrantes que llegan directamente a nuestras costas, o que quiere hacer un reparto y le dan igual las condiciones en las que se pueden encontrar los menores acogidos, acuse de racista a nadie», comentó. el portavoz.
Costa añadió que «debería aplicarse a sí misma la definición de racista» y que as palabras de la ministra –que en un mensaje publicado en sus redes sociales reprochó a Baleares no haber asistido a la última Sectorial de Infancia y sostuvo que su rechazo al reparto no es por falta de medios sino por «racismo» es una muestra de «hipocresía absoluta».
La advertencia de Bolaños
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó este viernes que Baleares debe cumplir la ley. En este sentido, Bolaños ha explicado que la ley establece la «solidaridad» entre territorios para repartir a los menores migrantes no acompañados a través de «criterios objetivos». «Y es una ley que está en vigor y, por tanto, las leyes han de cumplirse», según afirmó. Asimismo, expuso que las leyes «solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina», que hasta la fecha ha apuntado que «no se ha producido». «Y que espero que no se produzca», según indicó.
«Hay una ley que está en vigor que lo que establece es un sistema de solidaridad, de reparto de menores migrantes en nuestro país. Un sistema de solidaridad que nosotros como país, como España, pedimos a Europa y que nos hacemos cargo cuando no afecta directamente a nuestro país, como fue el caso de los refugiados ucranianos cuando se inició la guerra por la agresión de Rusia, que básicamente entraron por la frontera polaca», recordó.
Igualmente, el ministro destacó que es «esencial» que se produzca esa «solidaridad» entre territorios «para que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas».
En el caso de los menores, Bolaños instó a atenderles como lo que ha expuesto que es España: «una democracia consolidada y una democracia solidaria».