El Govern ha confirmado que implantará un mecanismo específico para facilitar la devolución de pagos indebidos de la renta social garantizada (Resoga) con el fin de reducir impacto para las familias beneficiarias, siempre y cuando no se detecte mala fe en la percepción de las ayudas. Esta medida, anunciada en el pleno parlamentario de este martes, responde a las irregularidades surgidas en la gestión de la prestación y pretende modificar la ley vigente para adaptarla a las necesidades actuales.
Durante la sesión, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, detalló que el procedimiento habitual continuará aplicándose hasta que se aprueben los cambios legislativos. Según Fernández, la gestión anterior de la Resoga fue «caótica», lo que ha generado múltiples incidencias en los pagos. La consellera defendió la importancia de la prestación y remarcó el compromiso del Ejecutivo autonómico en materia de protección e inclusión social.
La intervención de Sandra Fernández fue motivada por una pregunta del diputado de Vox, Sergio Rodríguez, quien criticó las irregularidades detectadas y sostuvo que «el fraude continuado hace concluir que la izquierda vive y sobrevive gracias a las paguitas, hemos de acabar con estos instrumentos». Rodríguez remarcó que, bajo su punto de vista, estas situaciones generan desafección pública y urgen una respuesta política inmediata.
Respaldo del Govern a la Resoga como protección social
En su réplica, Fernández insistió en que el ejecutivo autonómico sigue defendiendo la Resoga como herramienta esencial de protección social, sin generalizar la criminalización de sus perceptores. Así, subrayó: «No podemos ni criminalizar de forma generalizada a los perceptores de la Resoga, que se han visto perjudicados, muchos de ellos, por la nefasta gestión del Gobierno de la señora Armengol, pero tampoco podemos estar de acuerdo y vamos a combatir ese falso buenismo de la izquierda».