Un informe encargado por el Govern a analistas de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili concluye que fijar precios máximos al alquiler reduce la disponibilidad de pisos y distorsiona el mercado, por lo que aconseja incentivar a propietarios y promotores para aumentar la oferta residencial, como defiende el Ejecutivo del PP.
El análisis, firmado en diciembre de 2025 por los profesores Sergio Nasarre y Santiago Ariste, se basa en el estudio comparativo de la situación del mercado de la vivienda de alquiler de Baleares con el de Cataluña, donde se han aplicado en dos etapas recientes normas de limitación de precios en zonas de gran demanda inmobiliaria.
Según estos expertos, los datos evidencian que los controles de renta producen efectos contraproducentes sobre la oferta, reduciendo la disponibilidad de viviendas en alquiler«, y acentúan la competencia de otras modalidades como los arrendamientos por temporada, turísticos y por habitaciones. Tanto la experiencia de fijar topes en las rentas inmobiliarias en Cataluña como muy recientes en varias ciudades de España, así como en diversos países, se han traducido en descenso de »la movilidad residencial, retirada de inmuebles del mercado, reducción de la calidad« y otros efectos adversos, advierten. Uno de estos perjuicios, detallan, es el »efecto frontera«, como llaman al desplazamiento de la demanda de zonas tensionadas a áreas contiguas sin regular, causando »incrementos abruptos de contratos en el corto plazo y fuertes alzas de precios en el medio plazo".
Por ello, en sus recomendaciones los analistas indican que, en caso de que no se atienda su recomendación principal y se opte por topar los alquileres, se «debería evitar la fragmentación normativa entre municipios». Del contraste de la evolución de los mercados de las provincias de Barcelona y Baleares entre 2011 y 2023 (de 2020 a 2022 la restricción se aplicó por primera vez en la capital catalana y su área metropolitana) se evidencia que factores como la alta demanda, la rigidez de la oferta y la presión turística han sido más determinantes que la diferente regulación. «La experiencia catalana confirma que los controles de precios no abordan las causas de fondo de la tensión residencial y, en algunos casos, pueden intensificarlas», remarcan.
Los últimos datos del Observatorio del Alquiler reflejan que mientras que el índice de presión de demanda en Baleares aumentó un 31 % de 2023 a 2025, en Cataluña se incrementó el 467 %, mientras que el promedio estatal subió un 200 %. La situación «especialmente vulnerable» de Baleares hace concluir a los autores del análisis que «cualquier intervención que restrinja la libertad de precios sin acompañarse de medidas expansivas de oferta corre el riesgo de agravar los problemas existentes».
El informe aboga por políticas de ampliación de la oferta de viviendas asequibles y de dinamización del mercado con bonificaciones fiscales a los propietarios que alquilen para uso residencial, reducción de la burocracia para los promotores que impulsen viviendas para alquilar, protección de los arrendadores y programas de rehabilitación subvencionada.
Defienden además los especialistas que es necesario mejorar la información estadística sobre vivienda para favorecer la toma de decisiones y abogan por medidas de aumento de la estabilidad en el empleo y por facilitar el acceso al crédito de jóvenes y familias, porque «la tensión del mercado del alquiler en Baleares no es solo un fenómeno residencial, sino también una consecuencia de su estructura socioeconómica».