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Patrimonio regulará el destino de las obras compradas por el Estado

La decisión, aprobada por unanimidad a propuesta de Balears, incluye la creación de un grupo de trabajo para definir estos objetivos

La reunión de los representantes de las comunidades autónomas españolas tuvo lugar en Toledo.

P. TUR/AGENCIAS
El malestar existente entre las diversas comunidades autónomas acerca del reparto de las adquisiciones artísticas y patrimoniales realizadas por el Estado quedó patente en la reunión celebrada por el Consejo de Patrimonio Histórico Español en la ciudad de Toledo. La representación de Baleares, encabezada por el director general de Cultura del Govern, Pere Muñoz, realizó ante este organismo la propuesta para la futura creación de un grupo de trabajo que defina el destino de las obras adquiridas por el Estado.

La propuesta balear fue secundada por unanimidad por el resto de las comunidades autónomas presentes en la reunión. Según los datos recogidos durante el encuentro del Consejo de Patrimonio Histórico, un 90 por ciento de las adquisiciones estatales tienen como destino museos e instituciones madrileñas. Según Pere Muñoz, la reclamación realizada desde Balears se ha realizado «para plantear un cambio en los criterios de distribución de estas adquisiciones, de modo que también lleguen a los museos e instituciones del resto del Estado».

Igualmente, los representantes autonómicos aprobaron igualmente por unanimidad una situación referente al pago de tributos a través de donaciones. Según el acuerdo alcanzado en Toledo por las comunidades autónomas, cuando se produzca este hecho deberán tenerse en cuenta los criterios de territorialidad para que resulten beneficiadas las zonas de las que han partido dichas donaciones como condonación de tributos.

Durante la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico se informó a las diversas delegaciones sobre la posibilidad de que la Unesco permanezca un año sin realizar ninguna declaración como Patrimonio de la Humanidad. Este intervalo de tiempo sería aprovechado por la organización internacional para evaluar el estado actual de los bienes ya declarados, ya que existe la certeza de que algunos se encuentran en peligro al no ser rehabilitados por las instituciones con la rapidez necesaria.

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