Facilitar la incorporación de los menorquines al sector turístico a través del alquiler turístico ha sido una de las reivindicaciones que la federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME) lleva reclamando insistentemente desde hace años. Cuando la modificación de Ley de Arrendamientos Urbanos remitió a las comunidades autónomas la potestad para regular los arrendamientos turísticos, Balears condenó a la marginalidad a muchas familias menorquinas que alquilaban su segunda residencia, con la regulación que introdujo en la Ley General de Turismo.
Y pese a la oportunidad que el Govern Balear ofreció al Consell Insular para la regulación y creación de nuevas figuras enmarcadas en el ámbito turístico del Consell, demostró que los propietarios siguen sin poder comercializar turísticamente sus viviendas.
NUEVA REALIDAD. Para PIME, esta situación viene recrudecida por la crisis económica que sufre especialmente la isla y que pone en jaque el bienestar de Menorca en un entorno en que las reglas han cambiado. “El paisaje ya no es el mismo y el propio fenómeno de Airbnb, que permite alquilar una casa o un apartamento en cualquier lugar del mundo, es un ejemplo de que no podemos mirar hacia otro lado”, explica la secretaria general de PIME, María García. “El ejemplo también de la iniciativa BeMate de Quique Sarasola (una red de viviendas que utilizan los servicios del hotel que tengan a su alrededor) es una lectura inteligente que se adapta a una realidad cambiante. Sabemos que existe una demanda y en este sentido Menorca tiene un gran potencial por el volumen de edificaciones que podemos incorporar al mundo turístico. Mi impresión es que el veto al alquiler turístico de pisos y apartamentos es consecuencia de la falta de un modelo claro de lo que se quiere para Menorca, sumado a la presión de sectores influyentes”, critica.
ESTUDIO ECONÓMICO. La patronal dispone de un estudio que cifra en 72 millones de euros la facturación de las viviendas que actualmente ya están legalizadas (3.600), y opina que si se pudiera incorporar el volumen de edificaciones existentes al alquiler turístico, la cifra crecería, favoreciendo que el menorquín se implicara en el turismo sin escepticismos. “El estudio parte de que la facturación media por vivienda turística de una temporada de cinco meses es de veinte mil euros. La inversión media anual supone tres mil euros y el gasto medio de suministros y servicios, siete mil. Por lo tanto, la rentabilidad media es de diez mil euros por vivienda. Si multiplicamos por el numero de viviendas que hay actualmente legalizadas, estamos hablando de un gran potencial”, explica García. “Estamos convencidos de que generaría riqueza, no solo para aquella familia propietaria del inmueble sino también para el sector turístico de empresas pequeñas y medianas (alquiler de vehículos, comercio, restauración), así como para los sectores industriales que trabajarían en su mantenimiento. Un factor positivo que activaría nuestra precaria economía”, puntualiza.
FALTA DE MODELO. La falta de un modelo turístico claro es una asignatura pendiente que PIME opina debe corregirse cuanto antes. “La administración, las empresas, las entidades implicadas y la sociedad debemos ponernos de acuerdo de una vez por todas sobre hacia dónde hay que avanzar, porque cada día surgen ejemplos de esta indecisión que nos acaban perjudicando a todos. El planteamiento de la regulación de las paradas turísticas en el Camí de Cavalls que ha hecho el Consell Insular sobre las doce horas de estancia en las fincas, es una muestra bastante clara de que no se tiene clara la visión de lo que se quiere”, expone.
En este mismo sentido, la federación cree que la apuesta por el todo incluido de los hoteles no reparte riqueza e hipoteca el futuro de la isla. “Es una formula legítima, adoptada por una serie de empresarios, que seguramente responde a una demanda del mercado bajo unas circunstancias concretas. Nosotros estamos viendo que perjudica al sector de pequeñas y medianas empresas, y condiciona los servicios turísticos. Por ello defendemos un modelo turístico residencial como alternativa al todo incluido”, concluye.