En el artículo anterior se estudió las causas de los desequilibrios en los mercados, especialmente en la vivienda, con una demanda que crece continuamente y una oferta rígida y escasa, que puede ser un bien de consumo (se usa para vivir en ella) pero también de inversión (para rentabilizar el ahorro) y hay un gran enfrentamiento entre las dos opciones (hogares frente a inversores). Se produce un gran desequilibrio en el mercado residencial y la regulación pública toma medidas dudosas para reducirlo, y mientras, ha fracasado en proveerlas, Qué lejos estamos de los ayuntamientos referentes en el mundo (Viena y Singapur) con un 20% de propiedad pública o subvencionada y altos impuestos a los que las acumulen. En España, con cifras insignificantes, el modelo es la propiedad privada. Además, en las regiones turísticas y en las grandes ciudades los ciudadanos rechazan la masificación, que es cada vez más agobiante.
La escasez de viviendas viene de varios factores. En pocos años la población en España ha crecido hasta los 50 millones de habitantes y no se ha construido apenas desde la crisis financiera de 2008. La enorme movilidad de la población hacia las grandes ciudades, la costa y las islas genera las dos Españas, la masificada y la vaciada. Esto ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, por lo cual aumenta sin parar el precio del metro cuadrado de compra-venta que supera los 5 mil euros en Madrid, Barcelona y Balears, los 7 mil en Pekín y Shangai y los 15 mil en Suiza y Londres, que ya están expulsando a una gran parte de la población, especialmente jóvenes e inmigrantes, hacia ciudades de tamaño medio en todo el mundo. Además se han producido cambios radicales en el hogar. Ahora predominan las pequeñas familias y personas solas, lo que multiplica el número de casas necesarias. Nos centraremos en este artículo en las medidas que está tomando la administración pública en España y especialmente en Balears, para regular o prohibir el mercado de la vivienda y de otras actividades. Los gobiernos intervienen en los mercados de muy diversas maneras, con la imposición de precios máximos, especialmente en la vivienda, con la regulación a través de impuestos y tasas y con la prohibición o el veto.
Actualmente existe una ley de control de alquileres, que establece un precio de alquiler máximo que pueden cobrar los propietarios a los inquilinos de apartamentos y casas. ¿Cómo afectan estos precios máximos al mercado?. El efecto inmediato es que generan escasez del bien, produciendo un exceso de demanda, ya que se desean más viviendas a ese precio de las que hay disponibles, incrementando mucho los precios. El establecimiento de estos precios máximos pretende proteger a los inquilinos, pero muchas veces no lo logra, ya que el efecto de la normativa es sorprendente y a veces resulta contraria, e incluso desastrosa, en relación a lo que se pretendía obtener. Los propietarios tienen muchas opciones: pueden vender la propiedad y obtener una gran plusvalía gracias a los altos precios que hay en este mercado. Pueden también alquilar por temporadas o contratar con una empresa especializada por un precio de temporada muy superior al residencial. Mantenerse en el alquiler residencial pero pidiendo un extra en efectivo, pagos adelantados anuales o trimestrales y acordar que el inquilino pague gastos que no le corresponden, o dejar la vivienda vacía y usarla como segunda residencia. Hay muchos pequeños propietarios que se arriesgan a mantener pisos turísticos con la ayuda de las plataformas de internet y el boca a boca, especialmente los propietarios extranjeros.