Estados Unidos ha exigido a Twitter, mediante una orden judicial, detalles sobre la cuenta de WikiLeaks y las de algunos de sus partidarios, incluida información personal de su fundador, Julian Assange, anunció hoy la organización.
«La existencia de una investigación gubernamental secreta estadounidense por espionaje sobre WikiLeaks ha sido confirmada por primera vez al salir a la luz pública la citación judicial», afirmó WikiLeaks en un comunicado.
Esa orden judicial, de un tribunal de Virginia con fecha de 14 de diciembre y que fue publicada en la web de la revista estadounidense «Salon», exige a Twitter que entregue, no sólo información de Assange y Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de WikiLeaks, sino también de Birgitta Jonsdottir, una legisladora de Islandia, el pirata informático holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum.
La organización está en el punto de mira del Gobierno de Estados Unidos a raíz de la publicación a finales de noviembre de cientos de miles de documentos confidenciales redactados por diplomáticos basados en embajadas estadounidenses en distintas partes del mundo.
«Si el Gobierno iraní intentase mediante coerción obtener información sobre periodistas y activistas extranjeros, los grupos de derechos humanos alrededor del mundo se pronunciarían al respecto», afirmó WikiLeaks en el comunicado.
Twitter, con sede en San Francisco (California), no ha hecho comentarios sobre la citación y se ha limitado a decir que su política consiste en notificar a sus usuarios, siempre que sea posible, sobre las solicitudes oficiales de información.
Jonsdottir ha calificado, a través de Twitter, la citación judicial como «completamente inaceptable» y aseguró que emprenderá una campaña legal para impedir que el Gobierno de Estados Unidos se haga con sus mensajes después de que esa red social le informase que se había emitido la citada orden judicial.
«Tengo 10 días para detener el proceso vía legal antes de que Twitter entregue» la información, afirmó la política islandesa.
La orden judicial sostiene que la información requerida es «relevante» para «una investigación criminal en marcha».