La justicia argentina concluyó hoy un proceso emblemático que condenó al exdictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar (1976-1983).
Junto a Videla, primer gobernante del régimen militar, se sentaron en el banquillo Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura, condenado a 15 años, y otros ocho represores sentenciados a penas de hasta 30 años.
La justicia consideró probada «la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años», en el contexto de un «plan general de aniquilación» contra parte de la población civil con el argumento de acabar con la «subversión» durante la dictadura militar.
Sentados en primera fila del tribunal oral Número 6 de Buenos Aires, Videla, de 86 años, y Bignone, de 84, escucharon sin inmutarse los gritos de júbilo de víctimas y familiares que abarrotaban la sala tras el anuncio de la condena, que se suma a las penas de cadena perpetua que ya pesan en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
En las puertas del tribunal, cientos de personas siguieron la lectura de la sentencia desde pantallas gigantes y estallaron en gritos de alegría al escuchar las sentencias.
El juicio alcanza a 34 delitos de apropiación de hijos de mujeres que, en su mayoría, dieron a luz en los centros de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la guarnición militar de Campo de Mayo y el denominado Pozo de Banfield, en la periferia de Buenos Aires.
Denuncia
Durante el proceso, que comenzó en febrero de 2011 como resultado de una denuncia presentada hace más de 15 años por Abuelas de Plaza de Mayo, se han sucedido los testimonios de víctimas y represores, como el propio Videla, que negó un plan sistemático de robo de bebés y llegó a afirmar que las madres «eran militantes activas de las maquinarias del terrorismo y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes».
Entre las víctimas, Sara Méndez, detenida en 1976 en Buenos Aires por un comando que le arrebató a su hijo de 20 días.
Trasladada ilegalmente a Montevideo, estuvo presa cuatro años y medio y al recuperar la libertad se volcó en buscar a su hijo, a quien encontró en 2002 adoptado por un expolicía argentino.
El juicio se ocupó también del caso de Macarena, la nieta del poeta argentino Juan Gelman, que fue localizada en el año 2000 en Uruguay, donde nació mientras su madre estaba detenida, y que hoy se sumó a la celebración de las organizaciones humanitarias en Buenos Aires.
«Es una sentencia histórica que confirma el plan sistemático de robo de bebés y, en mi caso, se reafirman condenas de Videla y Bignone, es muy positivo. Empezar a ver las caras de los responsables es una señal de que la justicia avanza», dijo en declaraciones a Efe.
«Esta causa ha sido suficiente para demostrar que había un plan sistemático, para mí es algo muy positivo», insistió la joven.
También para Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hay motivos para celebrar porque «hemos logrado que se reconozca que fue un plan sistemático, que tuvieron esa aberrante idea de que nosotros no íbamos a criar a nuestros nietos, pero viajamos por todo el mundo para encontrarlos».
Junto con Videla y Bignone, fueron condenados el exalmirante Antonio Vañek, sentenciado a 40 años, el excapitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, a 30, y el exgeneral Omar Riveros, a 20.
El tribunal también condenó al excapitán del Ejército Víctor Gallo a 15 años de cárcel y a su exesposa, Susana Inés Colombo, a cinco; al antiguo prefecto Juan Antonio Azic, a 14 y al represor Jorge Magnacco, a 10.
Mientras, el exjefe de la Armada almirante Rubén Oscar Franco y el exagente de Inteligencia Eduardo Ruffo fueron absueltos.
Según estimaciones de organizaciones humanitarias, 105 niños robados durante la dictadura han recuperado su identidad, aunque aún hay más de 400 denuncias pendientes por casos similares y unas 300 familias han depositado datos en bancos de ADN con la esperanza de recuperar a sus hijos y nietos robados.
Unas 30.000 personas detenidas clandestinamente desaparecieron durante la dictadura, según estimaciones del Gobierno argentino y organismos humanitarios.