Los diputados franceses adoptaron hoy una proposición de ley que prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, siguiendo la doctrina marcada en 1999 por Suecia, el primer país en adoptar este tipo de legislación. Se trata de la medida central de un texto que persigue combatir el proxenetismo y contribuir a la protección de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución por la fuerza de la violencia o las carencias económicas.
La ley, que ahora debe abordar su examen en el Senado antes de junio próximo, fue aprobada en la cámara baja por 268 votos a favor, esencialmente de los socialistas y sus aliados del Frente de Izquierdas. En contra votaron 138 parlamentarios, mientras que se abstuvieron 79, signo de la división que la ley despertó en la oposición conservadora de la UMP, en los centristas y en los ecologistas, aliados, sin embargo, del Gobierno.
Cambio de doctrina
La ley supone un cambio de doctrina en Francia, que desde 2003, aunque no consideraba ilegal la prostitución, perseguía a las meretrices que ofrecían sus servicios en la calle y las castigaba con penas de hasta dos meses de cárcel. Ahora, ese delito desaparece en beneficio de otro nuevo, que en esta ocasión responsabiliza al cliente, quien puede ser multado con hasta 3.750 euros en caso de reincidencia.
Una controvertida medida que, para muchos, supone un límite a la libertad sexual, lo que llevó a intelectuales, escritores y periodistas a firmar manifiestos en contra de un texto que calificaron de «moralista».
Argumentos llevados hasta la Asamblea Nacional por los opositores al texto, al igual que otros, como el informe de Médicos del Mundo que consideran que la ley obligará a las prostitutas a ejercer de forma clandestina, lo que puede tener nefastas consecuencias para su seguridad y su higiene.
Pero estas tesis fueron contrarrestadas por los defensores de la ley, liderados por la ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, que replicó que el 90 por ciento de las prostitutas ejercen ese oficio contra su voluntad y mostró la obligación de protegerlas frente a la violencia de los proxenetas.