529 partidarios de los Hermanos Musulmanes egipcios fueron condenados a muerte por una serie de ataques contra edificios oficiales y el asesinato de un coronel en agosto pasado, en una decisión sin precedentes en la justicia de Egipto. Aunque numerosos seguidores del depuesto presidente islamista Mohamed Mursi han sido sentenciados a prisión desde el golpe militar del 3 de julio, hasta ahora no se habían emitido condenas a la pena capital.
La cofradía de los Hermanos Musulmanes, declarada grupo terrorista por las autoridades en diciembre pasado, denunció que la sentencia es «inhumana, una clara violación de todas las normas judiciales y un nuevo crimen del golpe militar».
Esta masiva condena, adoptada en un tiempo récord en la segunda sesión del juicio, tan solo dos días después de su inicio, despierta serias dudas sobre el sistema judicial egipcio, según organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
Violaciones
«Los tribunales egipcios actúan con rapidez para castigar a los seguidores de Mohamed Mursi, pero ignoran las violaciones graves de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad», lamentó AI.
El Tribunal Penal de Minia, al sur de El Cairo, remitió ayer los expedientes de los condenados a muerte al muftí del país y máxima autoridad religiosa, Shauqi Alam, para que dé su dictamen -no vinculante- sobre el caso.
Una vez obtenida la opinión religiosa del mufti, el tribunal dictará el fallo el próximo 28 de abril, que según los expertos coincidirá con la pena de muerte anunciada ayer. Siguiendo el procedimiento habitual en estas causas en Egipto, será entonces cuando los abogados de la defensa podrán apelar el fallo, una medida que la Hermandad ya ha anunciado que tomará.
Debido a que a los letrados se les impidió acceder a la sala, hay cifras contradictorias sobre el número de condenados. Una fuente judicial precisó que 529 miembros y simpatizantes de la cofradía fueron sentenciados a muerte y 17 absueltos, datos confirmados por la agencia oficial Mena. La corte, presidida por el juez Said Yusef, los encontró culpables de asaltar edificios gubernamentales en la provincia de Minia, matar a un coronel, intentar asesinar a otros dos responsables policiales, incendiar una comisaría y apoderarse de armas.