El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha trasladado finalmente al pueblo la decisión de si debe o no aceptar las medidas propuestas por los acreedores a cambio del rescate, al convocar un referéndum cuyo resultado se perfila incierto ante la cada vez más palpable asfixia económica.
Mientras el Parlamento debatía hoy en sesión extraordinaria la solicitud del Gobierno de celebrar un referendo, un trámite formal dado que los dos partidos de la coalición cuentan con una confortable mayoría, la mirada estaba puesta en el Eurogrupo de Bruselas.
Allí los ministros de Finanzas de la eurozona discutían si aceptaban la prórroga por «unos días» del rescate, solicitada por Tsipras para dar al pueblo la posibilidad de votar «sin presiones» el domingo 5 de julio.
De la decisión del Eurogrupo y de las consultas entre el Gobierno y el Banco Central Europeo (BCE) depende si la banca helena podrá seguir contando en los próximos días con liquidez a través de los créditos de emergencia.
Nada más anunciar Tsipras pasada la medianoche la decisión de convocar el referendo, se empezaron a formar pequeñas filas ante los cajeros automáticos de los bancos.
Hasta el momento no han alcanzado magnitudes similares a las vividas en Chipre hace dos años cuando, en el fragor de las negociaciones entre Nicosia y los acreedores que precedieron al rescate bancario y a la instalación de un corralito, hubo una avalancha sobre los cajeros automáticos.
No obstante, la primera sensación en la calle era que mucha gente tenía sobre todo miedo a no poder acceder ya a fondos, en unas fechas donde se plantea el cobro de salarios y pensiones y el pago de facturas.
La decisión de Tsipras de convocar un referendo, anunciada bien pasada la medianoche tras un Consejo de Ministros de urgencia, había tomado por sorpresa a todo el mundo, dentro y fuera de Grecia, pues constituye un giro de 180 grados frente a lo que el primer ministro había asegurado hace tan solo dos semanas.
En una intervención en el Parlamento entonces, Tsipras afirmó que no trasladaría a la población la decisión de tomar «medidas difíciles», bien fuera para aceptar el acuerdo como para rechazarla.
Al comienzo de las negociaciones en febrero todavía había mantenido abierta esta opción.
En su intervención televisada esta madrugada, el líder izquierdista no explicó este cambio de opinión y se limitó a señalar que Grecia debía responder con «la voluntad del pueblo» al «ultimátum» de los acreedores.
Tsipras aseguró que respetaría la opinión del pueblo cualquiera que fuera su decisión.
Independientemente de ello, el Gobierno ha sido claro en pedir el «no» como dejaron claro varios ministros nada más anunciar Tsipras la consulta popular y como repitió el titular de Interior, Nikos Vutsis, en su discurso de introducción en el Parlamento.
Vutsis pidió a la población «rechazar las propuestas de las instituciones y el ultimátum».
La convocatoria de la consulta cosechó un reguero de críticas desde la oposición griega, donde los partidos de centro y conservador acusaron al Gobierno de ocultar que en el fondo busca el apoyo popular a la salida de Grecia del euro.
El ex primer ministro conservador y principal líder de oposición, Andonis Samarás, aseguró que Tsipras está llevando el país a un «callejón sin salida» y le reprochó estar aislando a Grecia de la Unión Europea.
«Tsipras está llevando hoy al pueblo griego hacia un referéndum con la pregunta final de decir sí o no a estar dentro de Europa, y propone la ruptura con todos nuestros socios y la salida del euro», dijo Samarás.
El ministro de Estado, Alekos Flaburaris, reaccionó con indignación ante estas insinuaciones y aseguró que en ningún caso esa era la cuestión, sino que el referendo es una etapa «dentro de la negociación».
Mientras, desde Bruselas el viento soplaba en contra y la mayoría de los ministros de la Eurozona se mostraron en contra de otorgarle a Grecia la prórroga solicitada y calificaron el paso dado por Atenas como una «ruptura» de las negociaciones.
Grecia había rechazado esta propuesta con el argumento de que las medidas vinculadas a ella habrían profundizado aun más la recesión.
«Si el Gobierno y el Parlamento aprobaran esta propuesta, los ciudadanos y los mercados entenderían que se acerca un periodo de cinco meses de recesión, lo que conduciría a otra negociación en condiciones de crisis», señalaron fuentes del Ejecutivo.