Un joven que resultó herido en la cabeza al recibir un disparo de bala, en el marco de los enfrentamientos que se han producido entre fuerzas de seguridad y manifestantes en la marcha que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha convocado este miércoles por Caracas para reclamar la celebración de elecciones anticipadas, ha fallecido.
Se trata de Carlos José Moreno Barón, de 17 años de edad. De acuerdo con testigos consultados por el diario venezolano 'El Universal', un grupo de diez hombres montados en motos han lanzado bombas lacrimógenas contra los opositores concentrados en el distrito caraqueño de San Bernardino y uno ha aprovechado la confusión para abrir fuego.
Barón ha recibido un disparo en la cabeza por el que ha sido trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas Caracas, donde le han operado y finalmente ha muerto, según han informado su madre en Twitter y diversas fuentes opositoras citadas por los medios de comunicación locales.
El gobernador del estado venezolano de Miranda, el líder opositor Henrique Capriles, ha acusado de la muerte de Barón a grupos armados «al margen de la ley» que el Gobierno habría desplegado para reprimir la protesta. «La Fuerza Armada no es (Vladimir) Padrino López, quien decidió ponerse del lado de un Gobierno corrupto», ha dicho en alusión al ministro de Defensa.
El Ministerio Público ya ha designado un fiscal para investigar esta muerte. La Fiscalía también investiga las lesiones a Carmelina Carrillo, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico en Candelaria (Caracas), y Antonio Suárez, con lesiones en la mano y en el glúteo por los perdigones lanzados en San Bernardino.
La muerte de Barón eleva a siete las víctimas mortales por las multitudinarias protestas opositoras que se han producido en las últimas semanas en Caracas contra el «golpe de Estado» ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional. Además, cerca de 600 personas han sido detenidas.
En la manifestación de este miércoles también ha resultado herido de gravedad José Bravo, miembro de las juventudes de Voluntad Popular, que, según ha denunciado la formación opositora en Twitter, ha sido víctima de «grupos violentos de la dictadura» en la ciudad de San Cristóbal, tradicional bastión opositor.
En Caracas, los disturbios se han desatado cuando agentes de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana (GNB y PNB) han cortado el paso a los manifestantes en los accesos al municipio caraqueño de Libertador, gobernado por el 'chavista' Jorge Rodríguez, que ya había advertido de que no permitiría ningún acto de la coalición opositora en su jurisdicción.
Los manifestantes han intentado continuar porque el objetivo de la marcha, que ha partido desde 26 puntos distintos de la capital, es llegar hasta la sede central de la Defensoría del Pueblo, en Libertador. En otras ciudades venezolanas también intentan alcanzar las oficinas de la institución que dirige Tarek William Saab.
Los agentes han empleado gases lacrimógenos en varios puntos de la capital como Santa Mónica, Bello Monte y El Paraíso. En este último se encontraba Lilian Tintori, mujer del líder opositor Leopoldo López, que ha seguido marchando pese al bloqueo policial con una máscara antigás, de acuerdo con las fotografías difundidas por redes sociales.
MOVILIZACIÓN 'CHAVISTA'
Al mismo tiempo pero en otra zona de Caracas, miles de seguidores del Gobierno han participado en la «gran marcha por la independencia y defensa de la patria», que ha partido de Plaza Venezuela rumbo a la Avenida Bolívar. «El pueblo defiende las conquistas alcanzadas en la Revolución y celebra los 207 años de independencia», ha destacado Maduro.
Por su parte, el vicepresidente del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, ha advertido de que frustrarán «cualquier intención que tenga la derecha de subvertir el orden constitucional». En este sentido, ha anunciado que la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), formada por civiles armados, permanecerá en Caracas hasta el término de la jornada.
Maduro ha puesto en marcha el llamado Plan Zamora, un programa especial de carácter cívico-militar para «garantizar el funcionamiento del país, su seguridad, el orden interno y la integración social», en el marco de esta jornada de protestas.
En respuesta, la MUD ha activado el Plan Constitución, para que los venezolanos mantengan la presión en las calles hasta que «se respete a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, se abra el canal humanitario para resolver la grave crisis que vivimos los venezolanos y podamos tener elecciones libres sin presos políticos ni inhabilitados».
LLAMAMIENTOS A LA CALMA
El Defensor del Pueblo había pedido a los manifestantes de uno y otro signo que marcharan «en estricto apego a la ley y respeto de la Constitución». «Todos queremos que las diferencias políticas se solucionen hablando», ha sostenido Saab, en una entrevista concedida a la cadena local Globovisión.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. «Ojalá que este día hermoso para todos termine en paz. Pido a Dios desde aquí, y a nuestro padre Libertador, que nos siga dando la paz», ha dicho en Venezolana de Televisión (VTV).
La Conferencia Episcopal, con una gran influencia en la sociedad venezolana, ha pedido «rechazar cualquier manifestación de violencia y respetar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Los obispos han instado a «actuar según la recta conciencia, los principios democráticos y las leyes del país».
En mensajes más concretos, la Conferencia ha exhortado a la oposición a «ejercer el derecho a la manifestación y protesta pública de manera respetuosa con las personas y propiedades» y al Palacio de Miraflores a «defender los Derechos Humanos fundamentales: la vida, la libertad, la salud (...) y los demás derechos de los ciudadanos».
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el TSJ despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en sendas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una «ruptura del orden constitucional» que requiere elecciones anticipadas.