El abogado de la familia del bebé fallecido en Ibiza por una negligencia médica, Antonio Martínez, insiste este miércoles en que la paciente acudió hasta dos veces a urgencias de la Policlínica con dolores durante el embarazo y que no fue atendida por ningún ginecólogo ni sometida a pruebas básicas de control fetal. Estas declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera tienen lugar después de que un juzgado de Baleares condenara a la compañía de seguro médico a indemnizar con 55.000 euros a esta vecina de la isla y con 10.000 euros a su pareja tras la muerte de su bebé en un parto prematuro que, según la resolución judicial, pudo haberse evitado con una atención médica adecuada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza.
El caso, que ya se encuentra en fase de ejecución de sentencia, gira en torno a la asistencia prestada a una mujer embarazada de 22 semanas que acudió en dos ocasiones a urgencias aquejada de fuertes dolores abdominales. Según explica el abogado de la familia, la paciente no fue atendida por ningún especialista en ginecología ni se le practicaron pruebas básicas de control fetal antes de ser enviada de nuevo a casa. Según este letrado, existió una «negligencia directa» y no una simple pérdida de oportunidad asistencial. «No le pusieron las correas, que es algo muy elemental. Cuando una mujer embarazada dice que le duele algo, nunca se puede descartar que esté relacionado con el embarazo», sostiene. Esta prueba no realizada consiste en hacer una monitorización gráfica del ritmo cardíaco fetal, de los movimientos del feto y de las contracciones del útero.
Diagnóstico inicial
El abogado relata que, pese a los síntomas, la mujer recibió el diagnóstico inicial de un supuesto cólico. «La ningunearon. Le dijeron: ‘esto es un cólico, vete a casa’. Y ocurrió dos veces. Cuando una embarazada acude reiteradamente a urgencias con dolor, hay que activar todas las alarmas», insiste.
La sentencia considera acreditado que el parto prematuro y la pérdida del bebé podrían haberse evitado si se hubieran adoptado las medidas médicas adecuadas en el momento de las primeras consultas. El embarazo se encontraba en la semana 22 de gestación, una etapa especialmente delicada pero en la que, según el abogado, todavía existían posibilidades de intervención médica efectiva.
«Era evitable», afirma el letrado, que subraya además la gravedad de la falta de especialistas disponibles durante estas consultas. «Lo peor es que no había ningún ginecólogo», lamenta. La condena recae sobre la compañía aseguradora y no directamente sobre el centro sanitario, aunque el abogado recuerda que la asistencia médica fue prestada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Según especifica, las aseguradoras privadas contratan a clínicas y profesionales externos para ofrecer cobertura sanitaria a sus asegurados, por lo que también pueden ser consideradas responsables de la actuación.
Responsabilidades
«Los seguros contratan a la Policlínica para que ejecute la asistencia sanitaria y ahí incurren en una responsabilidad que jurídicamente se conoce como culpa ‘in eligendo’ o ‘in vigilando’», explica. El letrado compara la situación con la contratación de un profesional para realizar una obra: «Si alguien contrata a un albañil y este causa un daño, también responde quien lo contrató». El procedimiento judicial se encuentra ahora en fase de liquidación de intereses. Según destaca el abogado, esto no significa que la indemnización vaya a cobrarse de manera inmediata, ya que todavía deben calcularse los intereses acumulados y podrían surgir nuevas cuestiones procesales. «Estamos en la fase de ejecución. La aseguradora ha consignado el dinero para detener el incremento de intereses, pero ahora hay que hacer la liquidación», precisa. El abogado cree que lo «normal» sería que, posteriormente, la aseguradora iniciara acciones legales contra la clínica para reclamar responsabilidades por la atención prestada. «Seguramente pondrán un procedimiento contra la clínica. Sería lo habitual», agrega. Más allá de la resolución económica, el representante legal de la familia insiste en que el principal objetivo de la madre nunca fue únicamente obtener una indemnización. Según apunta, la mujer quería que el caso trascendiera públicamente y que quedara constancia judicial de lo ocurrido. «Muchas personas no buscan dinero. El dinero ayuda, claro, porque estos procedimientos implican abogados, procuradores, peritos y mucho tiempo, pero lo que quieren es que se reconozca que tenían razón», afirma
En este sentido, asegura que la mujer se sintió desatendida desde el primer momento. «Ella quería que se supiera lo que pasó, que otras personas también reclamen sus derechos y que no vuelva a ocurrir», manifiesta este letrado de Palma. El abogado lamenta además las carencias estructurales que sufre la asistencia sanitaria en Ibiza, especialmente en el ámbito privado. Asimismo, señala que la complejidad de este tipo de procedimientos hace que muchas víctimas de presuntas negligencias médicas desistan antes de acudir a los tribunales. «No basta con tener razón. Hay que demostrarlo y saber cómo plantearlo jurídicamente. Son procesos muy difíciles y emocionalmente muy duros», apunta. La sentencia supone ahora un reconocimiento judicial para la pareja, varios años después de los hechos. Sin embargo, el abogado reconoce que ninguna compensación económica puede reparar el daño sufrido. «El sufrimiento es muy grave y no se olvida nunca. Una indemnización no compensa la pérdida de un hijo», concluye.
No creo que poner un anuncio de publicidad hubiera salvado al bebe.