La Casa Blanca ha anunciado formalmente este martes que no cooperará con las investigaciones de cara a la posible apertura de un proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') contra el presidente del país, Donald Trump.
Pat Cipollone, uno de los abogados de la Casa Blanca, ha sostenido en una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los presidentes de los comités que encabezan las pesquisas, que la misma «ha sido diseñada y aplicada de una forma que viola la imparcialidad fundamental y el proceso debido, tal y como contempla la Constitución».
Asimismo, ha resaltado que la investigación, que ha tildado de «ilegítima» es «inválida» debido a que no ha habido una votación para su apertura, al tiempo que ha argumentado que el propósito de la misma es «influenciar en las elecciones» presidenciales de 2020.
«Nunca en nuestra historia ha llevado la Cámara de Representantes, bajo el control de cualquier partido político, al pueblo estadounidense por el peligroso camino que parecen decididos a seguir», ha criticado.
Así, ha manifestado que «dado que la investigación carece de cualquier fundamento constitucional, cualquier pretensión de imparcialidad o siquiera las protecciones más elementales del debido proceso, no se puede esperar que el Ejecutivo participe en ella».
Cipollone ha argumentado que «participar en esta investigación bajo la actual postura inconstitucional infligiría un daño constitucional duradero al Ejecutivo y un daño duradero a la separación de poderes, el presidente no tiene otra opción».
«En línea con los deberes del presidente de Estados Unidos, y en particular su obligación de preservar los derechos de los futuros ocupantes de su oficina, Trump no puede permitir que su Administración participe en esta investigación partidista bajo estas circunstancias», ha añadido.
«El presidente no puede permitir que sus procedimientos, constitucionalmente ilegítimos, le distraigan a él y a los que trabajan en el Ejecutivo de su trabajo en nombre del pueblo estadounidense», ha dicho.
De esta forma, ha recalcado que «el presidente tiene un país que liderar». «El pueblo estadounidense le eligió para hacer este trabajo y él sigue centrado en cumplir sus promesas al pueblo estadounidense», ha señalado.
«VIOLACIÓN» DE LOS DERECHOS DE TRUMP
Concretamente, ha criticado que los procedimientos «niegan al presidente el derecho de contrainterrogar a testigos, llamar a testigos, recibir transcripciones de los testimonios, acceder a las pruebas, tener un abogado presente y muchos otros derechos básicos garantizados a todos los estadounidenses».
«Han llevado sus procedimientos en secreto. Han violado las libertades civiles y la separación de poderes al amenazar a funcionarios del Ejecutivo al afirmar que buscarán castigar a aquellos que ejerzan sus derechos constitucionales y prerrogativas fundamentales», ha agregado.
«Dicho de manera sencilla, buscan anular los resultados de las elecciones de 2016 y dejar al pueblo estadounidense sin el presidente que eligieron libremente», al tiempo que ha subrayado que «muchos demócratas parecen considerar el 'impeachment' no sólo como un medio de dar marcha atrás en los resultados democráticos de las últimas elecciones, sino como una estrategia para influenciar en las próximas, que están a un año».
Cipollone ha recordado además que el mandatario «dio el paso sin precedentes de dar al público transparencia al desclasificar y publicar su llamada con Zelenski» y ha apuntado que la transcripción «establece claramente que la llamada fue totalmente apropiada y que no hay fundamento para la investigación».
«El hecho de que no hubo nada erróneo en esa llamada fue confirmado de forma poderosa con la decisión de (el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam) Schiff de crear una versión falsa de la llamada y leerla al pueblo estadounidense en una vista del Congreso, sin decir que se la estaba inventando».
En este sentido, ha afirmado además que «ha salido recientemente a la luz que el denunciante tuvo contacto con la oficina de Schiff antes de presentar la demanda» y ha puntualizado que «Trump y su Administración rechaza los esfuerzos anticonstitucionales e infundados para revertir el proceso democrático».
«El presidente y su Administración no pueden participar en su partidista y anticonstitucional investigación bajo estas circunstancias», ha dicho Cipollone, quien ha reiterado que el proceso «carece de la autorización necesaria para un procedimiento válido para un 'impeachment'».
«El desprecio total de las salvaguardas de procedimiento establecidas en las investigaciones previas sobre un 'impeachment' muestran que los procedimientos actuales no son más que un ejercicio inconstitucional de la arena política», ha criticado.
«ESTRATEGIA POLÍTICA»
De esta forma, ha recalcado que «el esfuerzo para sacar adelante un 'impeachment' contra Trump, sin tener en cuenta las pruebas sobre sus acciones en el cargo, es una clara estrategia política que arrancó el día que juró el cargo, y quizá incluso antes».
«Los Padres Fundadores no crearon el extraordinario mecanismo del 'impeachment' para que pudiera ser usado por un partido político que temiera sus perspectivas ante un presidente en el cargo en las siguientes elecciones», ha argüido.
«La decisión sobre quién será elegido presidente en 2020 debe estar en las manos del pueblo estadounidense, exactamente donde la pone la Constitución», ha dicho Cipollone.
Además, ha lamentado que «los oponentes políticos del presidente parecen dispuestos a transformar el 'impeachment' de un remedio extraordinario que debería ser complementado pocas veces en un arma política convencional a ser desplegada para fines partidistas».
GIULIANI TAMPOCO COOPERARÁ CON LA PESQUISA
El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, ha asegurado por su parte que tampoco cooperará con la pesquisa de la Cámara de Representantes y ha señalado que no puede imaginar a nadie en la Administración que esté dispuesto a trabajar con los demócratas que se encuentran al frente de la investigación, según informaciones del diario local 'The Washington Post'.
Las palabras del letrado han tenido lugar después de que el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Lindsay Graham, anunciara que tenía intención de llamar a testificar a Giuliani ante la Comisión.
El citado periódico estadounidense ha recogido que Giuliani está «muy interesado» en aceptar la oferta pero que existe un gran número de problemas legales a tener en cuenta.
PELOSI ARREMETE CONTRA LA CASA BLANCA
La presidenta de la Cámara Baja ha criticado la postura de la Casa Blanca y ha insistido en que Trump «será llevado ante la Justicia». «Deben saber que estos continuos esfuerzos por esconder la verdad sobre los abusos de poder por parte del presidente serán vistos como más pruebas de la obstrucción a la Justicia en la que se ha incurrido», ha expresado Pelosi en un comunicado.
«Durante un tiempo, el presidente ha tratado de normalizar la ilegalidad. Ahora está intentando hacer de la ilegalidad una virtud. El pueblo estadounidense ya ha escuchado las palabras de Trump. Sus acciones ponen en peligro nuestra seguridad nacional, violan nuestra Constitución y socavan la integridad de nuestro proceso electoral», advierte.
Así, Pelosi ha tildado la decisión de la Administración de ser «un último intento de cubrir una traición contra la democracia» y una forma de insistir a la hora de decir «que el presidente está por encima de la ley».
«Vemos crecientes indicios de que el presidente abusó de su puesto y violó su juramento», ha afirmado antes de hacer hincapié en que el magnate «no está por encima de la ley». «Será llevado ante la Justicia», ha subrayado.