Bárcenas, ex tesorero del PP, era uno de los ejes de la 'trama Gürtel'

La parte del sumario del 'caso Gürtel' instruida por el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma los indicios contra el senador del PP Luis Bárcenas y contra otros cargos de este partido por su vinculación con la trama dirigida por Francisco Correa. Los documentos que obran en la causa apuntan también a la participación de miembros del PP -entre ellos el propio Bárcenas- en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales.
Así se desprende de las distintas resoluciones dictadas por Pedreira y de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que figuran en la parte del causa sobre la que ayer se levantó el secreto.
Sin género de dudas
Uno de los miembros del PP directamente señalados por las investigaciones es el senador por Cantabria y ex tesorero del partido Luis Bárcenas, a quien la Policía identifica sin género de dudas como la persona que, bajo referencias como LB, L.Barc o «Luis el Cabrón», recibió 1,3 millones de euros de la organización de Correa. «No puedo pensar que es otra persona», dice en su declaración judicial el jefe de la sección segunda de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, mientras que otro agente insiste en que «no hay otra opción, hasta ahora mismo, que considerar que las siglas esas corresponden efectivamente a Luis Bárcenas».
El nombre del senador también aparece en un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales. El escrito, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas «podría haber utilizado» la empresa Rustfield Trading Limited y que el ex eurodiputado Gerardo Galeote «se benefició» de la estructura de Awberry License. La AEAT dice que también «algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore».