El Poder Judicial, contra los ataques al Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó ayer su «preocupación y tristeza» ante «las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo» en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón.
El CGPJ hizo referencia, «de manera especial», a las declaraciones hechas ayer «por personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado», en alusión a la intervención de, entre otros, el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en el acto en defensa de Garzón organizado hoy por UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid.
El órgano de gobierno de los jueces se pronuncia así en un acuerdo aprobado por su Comisión Permanente, reunida en Granada, en el que se dice que el Consejo «reitera con firmeza la ineludible necesidad de respetar la actuación de los órganos judiciales, cuya cúspide ostenta el Tribunal Supremo». «Sin perjuicio de recordar la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales, el descrédito hacia el propio Estado de derecho que producen manifestaciones como las anteriormente referidas no resulta tolerable», señala el texto.
Presión a la Justicia
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que el acto de apoyo a Garzón es «un atentado clarísimo contra la democracia y el estado de derecho». «Es una barbaridad que desde el mundo sindical se esté intentando presionar a un juez, en este caso al juez Varela, que está ejerciendo su magistratura de acuerdo con la ley, y que se intente obligar a un juez a adoptar una determinada resolución o la contraria. Creo que es un atentado clarísimo contra la democracia», aseveró.
Asimismo, un editorial del diario The Wall Street Journal señalaba ayer que a Garzón «le ha llegado su merecido», celebraba que los tribunales puedan poner límites a sus propias investigaciones. El editorial recuerda que «un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia le acusó de manipulación de la justicia y abuso de sus atribuciones» y de «ignorar una amnistía de 1977 en relación con las atrocidades vinculadas con la dictadura de Francisco Franco».