El Gobierno no tiene previsto un plan para traspasar a las autonomías las bonificaciones empresariales que ha acordado transferir al País Vasco, pero sí estudiará las peticiones que reciba y que, de hecho, ya estudian Comunidades como Cataluña, Andalucía o Extremadura.
El acuerdo alcanzado el miércoles entre el Ejecutivo y el PNV -que a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos de 2011 transfiere a Euskadi las políticas activas de empleo, la formación ocupacional y las bonificaciones empresariales- ha despertado el deseo de otras comunidades de recibir estas últimas competencias.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que no existe un plan para transferir a más regiones la gestión de las bonificaciones, si bien ha precisado que se analizarán todas las peticiones que surjan.
No han tardado algunas comunidades en anunciar que ya estudian plantear la petición, como Andalucía, cuyo consejero de Empleo, Manuel Recio, ha considerado que esa gestión complementaría las políticas activas de empleo que la Junta tiene transferidas desde 2003.
Otra comunidad socialista, en este caso Extremadura, también estudiará si quiere gestionar estas competencias, según ha dicho su presidente, Guillermo Fernández Vara.
Para analizarlo, convocará las próximas semanas por separado a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios.
Por su parte, el presidente catalán, el socialista José Montilla, ha destacado que «la mayor parte» del traspaso que el PNV ha pactado con el PSOE ya ha sido transferido a Cataluña.
Con todo, Montilla ha remarcado que la Generalitat pedirá también la gestión de las bonificaciones, algo a lo cual el Gobierno central no pone «objeciones».
Navarra, gobernada por Miguel Sanz (UPN), también ha defendido que el resto de comunidades puedan gestionar estas competencias, aunque previamente «hay que ver cuáles son los contenidos» del acuerdo con el PNV.
En cambio, varias comunidades gobernadas por el PP no han compartido el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el PNV.
Por ejemplo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de «mala fe» por negar a Galicia las competencias transferidas al País Vasco cuando «no tiene ni siquiera iniciada la reforma del Estatuto».
En su opinión, «decir que eso que se acaba de hacer en Euskadi no se puede hacer en Galicia porque no tiene reformado su Estatuto es un insulto a la inteligencia».
Núñez Feijóo ha pedido conocer el «alcance» y «contenido» del pacto con el PNV, porque «cuando alguien reparte lo que es de todos para uno solo necesitamos conocer en qué consiste ese acuerdo».
Desde la Comunidad Valenciana, su vicepresidente primero, Vicente Rambla, ha sostenido que el traspaso a Euskadi «no es una leal manera de construir las autonomías en España», puesto que una decisión así se debería tomar en la Conferencia sectorial de Empleo y no en una negociación presupuestaria entre dos partidos.
También desde la Generalitat valenciana su consejero de Economía, Gerardo Camps, ha advertido al Gobierno de que si detrás de las transferencias al País Vasco hay «una especie de trapicheo político», se estará abriendo «un melón» que puede llevar a otras autonomías a solicitar competencias.
De hecho, ha avisado de que si se hace una transferencia al País Vasco que pueda resultar en su gestión «mucho más efectiva» y no pone en riesgo la caja única de la Seguridad Social ni el blindaje de las competencias estatales, «el Gobierno de la Generalitat solicitará exactamente lo mismo».
El presidente riojano, Pedro Sanz, ha considerado que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería avergonzarse porque con el traspaso de las bonificaciones a Euskadi se rompe la caja única y se crean las «vacaciones laborales».
Zapatero, ha dicho Sanz, «busca el chantaje y la compra de votos a cualquier precio para mantenerse en el poder, independientemente de las consecuencias que pueda tener».
Por su parte, el presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha advertido de que el acuerdo con el PNV deja en «inferioridad» de condiciones a esta comunidad, pone en «gravísimo riesgo» el futuro de las pensiones de «todos los españoles» y supone un «enorme riesgo» para las empresas cántabras.