El PP y el PSOE han desbloqueado hoy la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado, con un acuerdo que supone que Enrique López sea designado por el Congreso y que no ha sido apoyado por los grupos catalanes de la Cámara Alta.
La Comisión de Nombramientos del Senado ha aprobado esta tarde una propuesta conjunta de los dos grupos mayoritarios de la Cámara: uno a propuesta del PP -el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando- y dos por parte del PSOE -los catedráticos Adela Asúa y Luis Ortega.
La propuesta ha sido aprobada con el voto a favor de los grupos del PP, PSOE, Senadores Nacionalistas y Mixto, la abstención de la Entesa (PSC, ERC e ICV) y la oposición de CiU.
El presidente del Senado, Javier Rojo, que también preside la Comisión de Nombramientos, ha propuesto a continuación la apertura de un plazo, que finaliza el próximo viernes a las 14:00 horas, para que los grupos propongan un cuarto candidato al TC.
El PP ya ha avanzado que su candidato, que propondrá formalmente antes de que finalice el plazo, será el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Francisco Pérez de los Cobos.
Los portavoces del PSOE y del PP, Carmela Silva y Pío García Escudero se han felicitado por la consecución de este acuerdo, que permitirá llevar a cabo una renovación que llevaba casi tres años bloqueada en el Senado.
«Se ha desbloqueado una situación incómoda», ha señalado García Escudero.
El escollo para el acuerdo fue la candidatura del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, que no era aceptada por los socialistas y que fue finalmente rechazada por los servicios jurídicos del Senado, al no cumplir el requisito de quince años de ejercicio en el cargo.
Aunque el PP ha retirado el nombre de López para facilitar el acuerdo, sigue apostando por él para ocupar una plaza de magistrado en el Constitucional y volverá a presentar su candidatura.
Así lo ha asegurado hoy en el Foro ABC el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ha señalado que su formación recurrirá ante el propio Constitucional la decisión del Senado de considerar que López no cumple los requisitos exigidos para ser magistrado de ese tribunal.
«Yo creo que sí, pero como quiera que los servicios jurídicos del Senado han dicho que no, presentaremos (un recurso) y por tanto será el Tribunal Constitucional el que diga si cumple o no los requisitos y, si los cumple, Enrique López será elegido, así se ha acordado, magistrado por el Congreso de los Diputados», ha dicho Rajoy.
El acuerdo entre el PP y el PSOE ha provocado el rechazo de CiU, que ha votado en contra de la propuesta en la Comisión de Nombramientos, y de la Entesa (PSC, ERC, ICV), que se ha abstenido.
Jordi Vilajoana, portavoz de CiU, ha recordado que fue una propuesta de su grupo la que permitió modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento del Senado para que las comunidades autónomas pudieran participar en el proceso de renovación del TC.
«No es tanto un tema de enfado, sino de cierta coherencia, lamentamos que haya sido así», ha indicado Vilajoana, quien no ha querido hacer segundas lecturas del hecho de que ninguno de los candidatos propuestos por el Senado sea catalán.
Por su parte, el portavoz de la Entesa, Carles Bonet, ha explicado que su grupo se abstenía para facilitar la renovación del TC y porque «no es momento de picardías parlamentarias» sino de que la situación en la que se encuentra el Alto Tribunal «se arregle lo antes posible».
Tanto Vilajoana como Bonet han aludido dentro de la Comisión a las negociaciones que se estaban llevando a cabo para que uno de los miembros del TC sea catalán.
Después de que no haya sido posible incorporar esa «cuota catalana» a través del Senado, a propuesta del Parlamento catalán, el Ejecutivo de Montilla y el PSOE han llegado a un acuerdo para cubrir dicha «cuota».
Así, el catedrático Eliseo Aja, que ahora presidía el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, será propuesto por el grupo socialista como uno de los candidatos a miembros del Tribunal Constitucional que elige el Congreso.
Así lo han asegurado a Efe fuentes del gobierno catalán, que han señalado que, con este acuerdo, se garantiza que habrá un magistrado de sensibilidad catalana en el Alto Tribunal.