El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que España pedirá a Venezuela la extradición del supuesto etarra Arturo Cubillas, quien ha sido llamado a declarar en diciembre por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el marco de una investigación sobre una presunta colaboración entre la banda terrorista ETA y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ejecutivo da así cumplimiento a la petición realizada por Velasco el pasado día 20 de octubre.
Cubillas, que tiene nacionalidad venezolana, se encuentra en situación de busca y captura por, entre otros, delitos de asesinato. Precisamente hoy el también juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado orden en un auto de que se reabra el proceso contra el supuesto etarra por el asesinato de un narcotraficante en 1985 en San Sebastián.
Víctimas
Los hechos que motivan la solicitud de extradición por parte del Gobierno se fundamentan en que al reclamado se le considera sospechoso de haber organizado encuentros que servían de «intercambio de experiencias y adiestramiento militar entre las FARC y ETA», informó La Moncloa.
Respecto a las actividades de miembros de la banda terrorista, Antonio Salvà, padre de Diego Salvà, uno de los dos guardias civiles asesinados el pasado año por ETA en la localidad mallorquina de Calvià, manifestó ayer que la salida de la cárcel de presos de ETA, «nos hace más víctimas a las víctimas», refiriéndose así al caso de 'Txelis', que podrá salir de la prisión varias horas al día, tal como ha aprobado el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.
Salvà hizo estas declaraciones a Europa Press el mismo día en el que envió una carta abierta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de varios medios de comunicación en cuyo contenido le recuerda la conversación que mantuvo con él tras la muerte de su hijo y en la que según su testimonio en la que Zapatero se comprometió a que los asesinos de Salvà y Carlos Sáenz de Tejada no se cruzarían en la calle con los familiares de las víctimas, dado que serían encarcelados y no saldrían a la calle.