La Federación Española de Hostería y Restauración (FEHR) reclamó ayer la implicación de los ministros de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para que la nueva Ley Antitabaco autorice espacios para fumadores, sin niños ni camareros.
Para ello, la junta directiva de la FEHR se concentró ayer Madrid ante los citados ministerios, y su presidente, José María Rubio, registró en las respectivas sedes un escrito en el que denuncia las «nefastas consecuencias» para el sector derivadas de la prohibición total de fumar en bares, restaurantes y cafeterías.
La patronal hostelera también ha reclamado la intervención de Salgado y Sebastián ante el Gobierno y el Grupo Socialista.
Según Rubio, la prohibición total del tabaco «no es luchar contra el tabaquismo», sino «ir en contra» de un sector en el que trabajan 1,4 millones de personas.
«Nos parece absolutamente lamentable que el Ministro de Industria Turismo y Comercio no haya hecho nada por defender a este sector; también vamos a ver a Salgado porque una vez solucionados los problemas de salud, que se planteaban desde Sanidad, el nuestro es un problema económico», denuncio Rubio.
30 metros cuadrados
En la misiva entregada en los ministerios, la FEHR pide a los grupos parlamentarios la incorporación de una Proposición de Ley, por la que se permita a los establecimientos de hostelería habilitar zonas para fumadores, con un máximo de superficie del 30 por ciento del local, en las que no se prestaría servicios por parte de los trabajadores y estaría prohibida la entrada de menores.
Los hosteleros que hicieron «grandes inversiones» al habilitar espacios para fumadores en cumplimiento de la ley antitabaco han exigido poder «amortizarlas», en lugar de ser «castigados» por la prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados que, previsiblemente, entrará en vigor en enero.
Así lo ha indicó ayer Javier Blanco, portavoz de El Club de Fumadores por la Tolerancia, acompañado por algunos de los diecisiete representantes hosteleros que fueron premiados por cumplir la legislación de 2006.
Estos diecisiete profesionales de cada comunidad autónoma, que invirtieron más de 300.000 euros en reformas, quieren «poner cara» al 5% del conjunto del sector que se apresuró a cumplir una normativa que está a punto de ser reformada, sin que nadie les compense por ello.