El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, ha afirmado hoy que el pasado viernes los aviones podían haber seguido volando pese a la ausencia de muchos controladores de sus puestos de trabajo.
«No en las mismas condiciones que en un día normal, pero se podía haber seguido volando», ha dicho Cabo, que ha añadido que AENA tendrá que explicar su decisión de cerrar el espacio aéreo.
«La empresa fue la que cerró el espacio aéreo y decidió que los aviones no salieran», ha insistido Cabo en declaraciones a los periodistas en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, donde doce de sus compañeros están declarando ante la Fiscalía por abandonar o no presentarse en su puesto de trabajo el pasado fin de semana.
Cabo ha señalado que los controladores han acudido a la llamada de la Fiscalía para «asumir las responsabilidades» en lo ocurrido el viernes, y ha agregado: «hay una corresponsabilidad, asumida por nuestra parte, pero AENA y el Ministerio de Fomento tendrán que asumir la suya».
El portavoz de USCA ha dicho que Fomento tendrá que explicar también por qué lleva más de un año «machacando a un colectivo ante la opinión pública y utilizándolo de manera demagógica».
Negociar
«Dice que quiere negociar por delante y luego por detrás saca decreto tras decreto», ha afirmado, para recordar que el Gobierno ha aprobado hasta el momento una ley y cuatro reales decretos que afectan a las condiciones laborales de los controladores, lo que ha considerado «una provocación» al colectivo.
Aunque Cabo ha reconocido que la reacción del pasado fin de semana «fue desmesurada», la ha justificado diciendo que según el real decreto aprobado el pasado viernes, un controlador que haya estado hospitalizado durante este año tendrá que «devolver» ese tiempo de trabajo.
Cabo, que no está entre los controladores citados por la Fiscalía porque se encontraba de vacaciones, ha estado acompañado por otro de los portavoces de USCA, Daniel Zamite, que ha explicado que el sindicato ha presentado hoy ante el Tribunal Supremo dos recursos contencioso-administrativos contra el decreto de militarización del control aéreo y contra la declaración del estado de alarma.
«Se nos plantean serias dudas sobre el procedimiento utilizado y sobre los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Gobierno», ha explicado Zamit, que ha agregado que dado que el colectivo está militarizado no puede realizar ninguna acción sindical, por lo que será el Supremo el que dé traslado de la decisión de recurrir a las autoridades competentes.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, comparecerá en rueda de prensa a las 12:00 horas, tras la toma de declaración a los controladores citados hoy.