El Partido Popular se compromete a reducir a un máximo de diez el número de consejerías en las comunidades y ciudades autónomas en las que gobiernen tras las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar el 22 de mayo. Esta es una de las numerosas propuestas que forman parte del borrador del Programa Marco del PP para las elecciones, que se presentará en la convención que tendrá lugar los días 4 y 5 de marzo en Palma.
Los populares también se comprometen a disminuir el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las distintas administraciones, empresas y entidades públicas, así como a recortar los gastos en representación y publicidad institucional. Reducir el parque móvil de la administración, promoviendo el uso compartido, y racionalizar la presencia exterior de las comunidades son otras de las propuestas que figuran en el borrador.
En el apartado «Instituciones. Mejores gobiernos para los ciudadanos», el PP defiende la «innegable vigencia y validez» del Estado de las Autonomías como eje vertebrador de la convivencia y el progreso de los españoles. Insiste, no obstante, en que «no se puede ignorar la existencia de problemas de funcionamiento que se deben de solucionar», tal y como han asegurado en numerosas ocasiones varios dirigentes del PP.
Pacto Nacional
Por ello, defiende un «gran pacto nacional» sobre el modelo de Estado para iniciar un proceso de reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, recuperar el valor normativo de la Constitución y el pleno respeto a las leyes. El partido que lidera Rajoy quiere, según el Programa Marco, unas comunidades y ciudades autónomas «austeras, fuertes, eficaces y comprometidas con el interés general» que contribuyan a la modernidad del país y sean capaces de cooperar entre sí.
También apuesta por delimitar las competencias de las entidades locales -para evitar duplicidades de gasto- y avanzar en la segunda descentralización. Entre las medidas estrella del PP destacan la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establecerá techos de gasto y endeudamiento para todas las administraciones, y un nuevo modelo de financiación que asigne a cada comunidad los recursos necesarios para ejercer sus competencias.