El Gobierno aprobó ayer una reducción del 3,8 % en el techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, una rebaja que es la mitad de la que llevó a cabo en el ejercicio 2011, del 7,7 %. Así, el límite de gasto para las cuentas de 2012 ascenderá a 117.353 millones de euros, 4.669 millones menos que en las cuentas de este año.
La previsión de ingresos no financieros del Estado para 2012 es de 127.852 millones, una vez descontado el importe de la cesión de impuestos a comunidades autónomas y entidades locales. Además, el Ejecutivo calcula unos gastos de 47.157 millones, de los que 8.875 millones corresponden al ajuste de la contabilidad nacional y los 38.282 millones restantes a la financiación de las administraciones territoriales.
El Gobierno prevé un déficit del Estado central para el próximo ejercicio de 36.657 millones, el 3,2 % del Producto Interior Bruto (PIB). En cualquier caso, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se mostró confiada en que los ingresos crezcan entre 3.000 y 4.000 millones de euros adicionales con respecto a lo presupuestado como consecuencia de la mejora económica, que podría permitir a las empresas ir liquidando sus pagos aplazados de IVA.
Fraude y gestión
Otras razones para esperar una mejora de los ingresos son la lucha contra el fraude y la mejor gestión de la recaudación del Impuesto de Sociedades, sobre todo, según Salgado, en lo que se refiere a las empresas de mayor tamaño o grupos empresariales.La ministra de Economía descartó una nueva subida de impuestos, así como una reducción de los salarios públicos. En cuanto al gasto de los ministerios, incidió en que el recorte en este ámbito será superior al 3,8 %. Por otra parte, como consecuencia de la liquidación de ingresos 2008 y 2009, las comunidades autónomas recibirán el año próximo 7.900 millones de euros.
Salgado expresó su confianza en que se dediquen a servicios básicos fundamentales como educación y sanidad, aunque recordó que se trata de la responsabilidad de los gobiernos regionales. Por su parte, las entidades locales recibirán 2.300 millones, que según la ministra de Economía podrían ser utilizados para reducir la «alta morosidad» que perjudica -recordó- sobre todo a las pymes.