La Defensora del Pueblo pide tipificar como delito el "despilfarro público»

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie «con toda seriedad y rigor» la inclusión del «despilfarro público» como delito en el Código Penal.

A esta cuestión se ha referido Cava de Llano al terminar su intervención sobre la memoria de esta institución de 2010 ante los diputados presentes en la Cámara, un tema que, según ha dicho, «escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos».

«Un tema que es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra», ha continuado la Defensora.

Se trata, ha insistido, del «dinero de todos obtenido por las administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Deudas y deudas que habrán de pagar las futuras generaciones».

«Facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto inconmensurable, que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide pero sí su lucro político».

Por ello, la Defensora se ha preguntado si las leyes actuales son adecuadas para expresar en términos jurídicos el «reproche social» que merecen estas conductas, que son, en su opinión, «una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que padecemos».

Es necesario, a su juicio, una reflexión sobre este asunto ya que el despilfarro público no tiene en nuestro ordenamiento jurídico «una respuesta proporcional».

Así, el Tribunal de Cuentas, en su memoria anual de 2010 dice que la responsabilidad «es contable y no sancionadora», mientras que el Código Penal exige el ánimo de lucro en los delitos de malversación, algo que, a su juicio, «no concurre en las conductas de la clase política y no se adecúa en absoluto a lo que normalmente se entiende como el despilfarro».

La Defensora ha hecho hincapié en que se trata de mirar hacia adelante, no hacia atrás porque «las leyes penales no tienen carácter retroactivo».

Unas palabras que han escuchado con atención los diputados, entre ellos Montserrat Surroca, de CiU, quien, tras criticar la situación de interinidad de la institución, se ha mostrado «asombrada» y ha opinado que se debería tener «más prudencia al hacer una afirmación con tanta rotundidad y con una categoría tan genérica y aportar datos».

El resto de diputados se ha referido a las conclusiones de la Memoria, que ya se presentó en abril al Congreso, entre ellas a las «dilaciones en los procedimientos judiciales» y las reducciones presupuestarias, que, según Cava de Llano, «complican aun más» la posibilidad de acometer las reformas que necesita el sistema judicial.

Para Emilio Olabarría, del PNV, la «mala» actuación de la Administración de Justicia no tiene solución por más leyes que se puedan aprobar, mientras España tenga la ratio más baja de juez por habitante de la Unión Europea.

La Defensora, que se ha mostrado preocupada por la aplicación de la Ley de Dependencia, que, a su juicio, está muy lejos de ser satisfactoria», ha puesto el énfasis desde el inicio en la crisis y en sus consecuencias porque esta «situación de dificultad» nos ha llevado a una reducción del gasto público.

Pero no hay que olvidar, y así lo ha reivindicado, que es necesario hacer «cada vez más fuerte el compromiso de la sociedad y sus representantes con el espíritu de los derechos fundamentales», que reconoce el título primero de la Constitución.

En este sentido, Miguel Àngel Heredia, del PSOE, ha vaticinado que la próxima memoria del Defensor incluirá un mayor número de quejas por los «recortes» en educación y sanidad de las administraciones gobernadas por el PP.

Antes, el diputado popular Ricardo Tarno ha subrayado que la situación económica ha disparado quejas referidas a prácticas de la administración y de entidades financieras, y ha dicho que éstas «distan de ser adecuadas».

Por su parte, Joan Tardá (ERC) ha considerado que la Defensora del Pueblo actúa como brazo ejecutor de la «catalanofobia».