La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha reclamado al Gobierno «ayudas excepcionales» para los ciudadanos afectados por las deudas hipotecarias como consecuencia de la crisis, en un informe en el que propone veinte recomendaciones.
La defensora ha hecho esta petición durante su comparecencia en un desayuno informativo, en el que ha anunciado la presentación de un documento hoy en el Congreso de los Diputados, con las conclusiones de la investigación abierta por la negativa de algunas aseguradoras a abonar a sus clientes en paro las prestaciones que en su momento les obligaron a suscribir para acceder a una hipoteca, entre otras cuestiones.
«La banca en momentos excepcionales ha recibido ayudas excepcionales, también los ciudadanos en momentos excepcionales necesitan ayudas excepcionales», ha dicho la defensora en funciones.
Por ello, Cava de Llano ha planteado una veintena de recomendaciones, de carácter preventivo y paliativo.
Dentro de las primeras, establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamos hipotecario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.
«Hemos recibido quejas de personas que han caído en desempleo y cuando han ido a hacer uso del derecho de su seguro, les han dicho que no es posible pagarles» porque una de las exigencias era tener un trabajo indefinido y no lo tiene, ha explicado la defensora, que ha recordado que también ha habido casos de militares en circunstancias «que no les cubre por ser profesiones de elevado riesgo».
Además, plantea intensificar la independencia de las sociedades de tasación, mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible, hacer efectivo asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios o desarrollar la obligación del crédito responsable.