Las comunidades autónomas deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de forma mensual, y no trimestral como hasta ahora, de sus liquidaciones de ingresos y gastos, según recoge el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria.
El anteproyecto, aprobado por el Gobierno el pasado viernes, fue analizado hoy en una sesión informativa con periodistas por la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, y por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El texto también prevé en caso de que una administración incumplidora no abone una sanción, si llegara el caso, que el Estado pueda retener los pagos recogidos en el sistema de financiación autonómica.
Fernández Currás ha señalado que esta ley es más exigente que las anteriores en esta materia y ha añadido que incorpora un control permanente de la situación económico-financiera de las administraciones con un suministro constante de información.
Asimismo, ha destacado como novedad que esta ley regula en un texto único la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, corporaciones locales y seguridad social.
El anteproyecto informa de que esto mejora la coherencia en la regulación jurídica, supone una mayor claridad de la ley y transmite una idea de igualdad en las exigencias presupuestarias y de responsabilidad y lealtad institucional entre todas las administraciones públicas.
Beteta ha incidido en que esta ley debe ser un éxito porque España se juega mucho en ella, por lo que subrayó que ha de ser cumplida por todas las administraciones.
Además, ha advertido de que la ley entrará en vigor antes del verano cuando los presupuestos de muchas administraciones ya están aprobados y ha recalcado que éstas deberán tener en cuenta en su ingresos que los recursos que tendrán por el sistema de financiación serán menores.
A este respecto, ha indicado que para paliar esta posibilidad se verán beneficiados por medidas como el aplazamiento a 10 años de la deuda contraída por los anticipos del Estado correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, el adelanto de la liquidación de 2010 o la subida del IRPF y del IBI que repercutirá positivamente en sus ingresos.
El anteproyecto también recoge que a partir de 2027 el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema con la aplicación de la ley que reformó las pensiones.