Las entidades financieras que han sido rescatadas o han recibido una inyección pública tendrán que aplicar un fuerte recorte a los salarios de sus presidentes y consejeros delegados para cumplir con la nueva normativa.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, una normativa que nace con la aspiración de provocar un sismo en el sector para dar lugar a entidades más grandes y solventes, y teóricamente con un mejor gobierno corporativo.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, desveló dos novedades más de la reforma, los límites a los salarios de la banca con ayudas públicas, y la eliminación de órganos de control en las cajas.
Presidentes y consejeros
Las entidades que han sido recapitalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como Unnim, CatalunyaCaixa y NovaGalicia, no podrán pagar a sus presidentes y consejeros delegados más de 300.000 euros al año. Además, las que han recibido prestamos del Estado, BFA-Bankia, BMN, Banca Cívica, y Caja España-Duero, no podrán abonar a sus máximos ejecutivos más de 600.000 euros anuales.
La cifra, pese a ser elevada, supone en torno a un 65 por ciento menos de la remuneración media esperada para este año, dijo hoy tras el consejo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que recomendó comparar esta cifra no con otros sectores, sino en el entorno financiero.
La medida, además, ha molestado a algunas entidades, que creen que no se debe poner en el mismo saco a directivos que han tenido responsabilidad en el deterioro de sus cajas, con los que han sido fichados para reflotar su entidad.