La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará entre sus siguientes leyes un anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se traducirá en un «régimen sancionador administrativo y penal» que fijará los márgenes para los responsables públicos.
Durante su intervención en el acto institucional del Día de la Provincia en la Diputación Provincial de Cádiz, el día en el que se conmemora el 200 aniversario de la Constitución de 1812, la vicepresidenta del Gobierno ha argumentado que esta ley busca dar «un paso más» y «con mayor ambición» en la «cercanía» del Gobierno con los ciudadanos «y en la responsabilidad que su confianza nos impone, sometiéndonos al escrutinio público».
Así, ha añadido que la intención es «reforzar el respeto a las normas». De ahí que la Ley de Transparencia traducirá «por primera vez» las recomendaciones éticas y los códigos morales «en obligaciones jurídicas y legales, con un régimen sancionador administrativo y también penal, que fije los márgenes para que los responsables públicos tengan claro lo que se puede hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras», según ha recalcado Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se trata de una reforma legal «imprescindible» que dota a nuestro ordenamiento jurídico «de una innovación que, en el fondo, es una consecuencia de nuestro pasado y es consecuente con nuestro presente».