La organización de consumidores Facua aseguró ayer que la retirada de las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin legalizar que no encuentran empleo «es una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos».
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció el viernes que no será suficiente estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal, por lo que quienes estén en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños.
Según el presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, esta medida es «un paso más en el rompimiento de nuestro modelo universal de prestación del servicio sanitario y en comenzar a crear una sanidad para ricos y otra para pobres».
Recortes
A su juicio, se trata de otro «recorte disfrazado de reforma» que pretende justificarse con la necesidad de acabar con el turismo sanitario del que disfrutan injustamente numerosos extranjeros de economías pudientes, «medida que por supuesto hay que llevar a cabo» y con la excusa «cargada de demagógico populismo» de que los inmigrantes que no pagan impuestos se aprovechan del sistema.
Para Sánchez Legrán, «castigar a medio millón de inmigrantes con el argumento de que no trabajan en un país con más de cinco millones de parados es un insulto lleno de cinismo». Por ello, sugiere que «quizás el Gobierno de la amnistía fiscal debería preocuparse también por sacar a flote la economía sumergida que padecen multitud de inmigrantes en activo a los que se les niega un contrato de trabajo», dijo.