El Consejo de Ministros aprobó ayer la segunda reforma financiera del Gobierno que preside Mariano Rajoy en poco más de tres meses. Mientras que el decreto de febrero se centró en provisionar los activos del sector del ladrillo declarados problemáticos, en ésta el foco se pone en el crédito teóricamente sano, para el que se exigen también fuertes provisiones.
Las entidades que no puedan afrontar ese saneamiento podrán recibir dinero público al 10% de interés. Además, se obliga a que los bancos aporten antes de fin de año los inmuebles que se han quedado -por el impago de créditos- a sociedades anónimas, y siempre tras una tasación independiente.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que la reforma «no tendrán efectos para los contribuyentes», ya que las entidades deberán pagar un 10% de interés por el apoyo estatal que se realizará y que el Gobierno prevé que sea inferior a 15.000 millones de euros, «menos de lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del fondo de rescate a los bancos».
Duda internacional
Este respaldo de dinero estatal a la banca se articulará a través de bonos contingentes convertibles, vulgarmente conocidos como cocos , un producto financiero que se convierte en acciones si se dan determinadas circunstancias de deterioro del capital de la entidad emisora y mientras tanto son un pasivo más del banco que debe pagar tipos de interés de mercado por ellos.
El Gobierno ha decidido también encargar a dos entidades independientes que valoren toda la cartera de los bancos, en respuesta a las dudas internacionales sobre las cuentas de la banca española. Esas entidades aún no están decididas, según señaló el responsable de la cartera de Economía.
«Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil», explicó Luis de Guindos, «porque a los bancos les cuesta financiarse y se corta el crédito a la economía».
Guindos pretende la «ausencia total de dudas» sobre el sector y para ello promueve la nueva reforma financiera a través de un decreto ley. Como en la reforma de febrero, el ministro ha prometido que se producirá la «venta de viviendas a precios reducidos».