El Govern que preside Artur Mas ha presentado un nuevo plan de ajuste de 1.500 millones con despidos en empresas públicas, privatizaciones, congelación de subvenciones y una nueva tasa para la FP, aunque fía su éxito a las medidas del Gobierno en educación y sanidad que antes consideró irreales. De manera excepcional, el presidente catalán ha comparecido acompañado del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, para exponer su tercer plan de ajuste en dos años, pero no ha facilitado ninguna cifra concreta de cada una de las medidas que contiene.
Mas ha dicho sentirse «obligado» a aplicar estos ajustes por culpa del Gobierno actual y del anterior, ha advertido al Ejecutivo central de que no aceptará «lecciones» sobre el déficit y ha destacado que el pacto fiscal habría evitado estos nuevos recortes. Aunque el Gobierno calculó en 10.000 millones el ahorro en sanidad y educación derivado de sus decretos, a finales de abril el Govern opinó que los números no cuadraban y que, de los 1.500 millones que supuestamente debía ahorrar la Generalitat, el rendimiento real sería solo de unos 150 millones.
Mas ha vuelto a poner en duda los cálculos del Gobierno, pero ha recordado que la Generalitat necesita del visto bueno de Hacienda a su plan de ajuste en la reunión del jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, señaló que «hay que reñir menos a las autonomías y más hacer los deberes».
Medidas propias
Con ese argumento, Mas ha presentado un ajuste que, sin concreciones, ha dicho basarse de forma sustancial en las medidas de ahorro impulsadas por el Ejecutivo central en sanidad y educación, y que prevé que puedan ser complementadas en un futuro. Además de las medidas requeridas por el Estado, el gobierno catalán ha anunciado varias medidas propias: una tasa para la Formación Profesional de grado superior, una reducción «significativa» de las transferencias a las empresas públicas, que conllevará reducción de plantillas en algunas de ellas, la congelación de la concesión de subvenciones y, sin concretar, algunas privatizaciones y venta de patrimonio inmobiliario.
Una de las medidas de calado del plan es que se recortarán «significativamente» las transferencias a las empresas públicas que dependen de la Generalitat: «No puede haber las mismas plantillas. Hace falta que haya un ajuste de las estructuras de las empresas públicas a la realidad que vivimos».