El sindicato de empleados públicos CSI-F ha expresado su «indignación y oposición frontal» al anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que reducirá los 'moscosos' y suspenderá la paga extra de Navidad de los empleados públicos, y ha avanzado que responderá a estas medidas en la calle.
De hecho, según fuentes de este sindicato, CSI-F convocará movilizaciones en julio y agosto, con paros parciales en todas las administraciones públicas, y no descarta convocar una huelga en septiembre.
El sindicato reunirá este viernes a su Comisión Nacional para concretar las protestas que llevará a cabo frente a las nuevas medidas del Gobierno, que vuelven a tocar el salario del colectivo.
CSI-F ha denunciado que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, algo que, según ha recordado, «no tiene nada que ver con el funcionamiento del sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos».
«Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público, servidores públicos, que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelarlos», ha subrayado el presidente del sindicato, Miguel Borra.
«No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros del Estado cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo», aseveró Borra.
El presidente de CSI-F ha recordado que los empleados públicos arrastran un recorte salarial del 5%, producido en 2010, dos congelaciones salariales (2011 y 2012), con una pérdida de poder adquisitivo del 21%
El sindicato también ha dejado claro que «no sobran empleados públicos» en España, pero sí empresas públicas. «No somos muchos empleados. Estamos en la media. Lo que no tiene ninguna explicación es la multiplicación hasta el infinito de empresas públicas que se ha producido en los últimos años para sortear la Ley», ha añadido.
Borra ha recordado que el Tribunal Constitucional de Portugal determinó la semana pasada que la rebaja de sueldos en el sector público es discriminatoria respecto al sector privado, por lo que ha apuntado la posibilidad de que en España pueda suceder lo mismo.